María Simon amenazó al fiscal de Corte con denuncia por "desacato"

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PILAR BESADA

El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, dijo que la ex ministra de Educación, María Simon, amenazó con denunciarlo por desacato si no cumplía una orden en 48 horas. Ubiría resistió esa orden que fue "dada como si fuera un subordinado", afirmó.

En el período de gobierno pasado, la entonces ministra y actual subsecretaria de Educación y Cultura, María Simon, ordenó al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, que en 48 horas le hiciera llegar los legajos personales de todos los fiscales. Simon le agregó que si no cumplía la orden, el fiscal incurriría en el delito de desacato. Ubiría entendió que el pedido no correspondía, que fue dado "con el tono que se le da una orden a un subordinado", y finalmente le entregó la información 15 días más tarde.

El fiscal comentó este hecho ayer en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, como ejemplo de la tirantez de las relaciones entre el Ministerio Público y las autoridades del gobierno en el período pasado. El magistrado fue convocado al Parlamento por el diputado nacionalista Pablo Abdala, a raíz de las declaraciones que realizó al semanario Búsqueda el 2 de diciembre, cuando afirmó que sufría un "continuo hostigamiento" del gobierno y del sindicato porque actuaba de forma "independiente".

Según Ubiría, la mala relación con el gobierno comenzó en el año 2007, luego de que opinó en un dictamen que el IRPF a las pasividades era inconstitucional.

En el Parlamento, Ubiría también mencionó que presentó una acción de nulidad de una reglamentación que firmó la ex ministra Simon, por considerarla "inconstitucional". La reglamentación se refiere a la ley que creó la Dirección de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que según Ubiría le asigna competencias a la nueva dirección más allá de lo que la ley establece.

Ubiría mencionó que en el período pasado, el primer ministro de Educación y Cultura del gobierno frentista, Jorge Brovetto, le confió antes de renunciar que se negaba a firmar este texto reglamentario, que fue elaborado por el entonces subsecretario Felipe Michelini. Según Ubiría, Brovetto le dijo que se había asesorado y que había llegado a la conclusión de que no debía firmar la reglamentación.

Ubiría mencionó que las relaciones entre la fiscalía y las autoridades "mejoraron" luego de la asunción de Ricardo Ehrlich como ministro.

El fiscal de Corte también ratificó ayer lo que había denunciado sobre el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien según Ubiría le dijo a varios fiscales que mientras él estuviera al frente del Ministerio Público no habría "un peso" para esa repartición. Ubiría agregó que el día que salieron publicadas esas denuncias, Cánepa llamó a varios de los fiscales que estuvieron presentes en la reunión.

El fiscal también denunció la situación "caótica" en el Ministerio Público por falta de recursos materiales y humanos, y que durante las tres rendiciones de cuentas en el período pasado y en el actual presupuesto no se aprobó ninguna mejora presupuestal para la Fiscalía de Corte.

El magistrado también denunció que el ex subsecretario Michelini retuvo hasta 9 meses los expedientes de la fiscalía, argumentando que no tenía tiempo para tramitarlos. Los expedientes trancados referían, por ejemplo, a la provisión de vacantes o a traslados de fiscales. Según Ubiría esa situación perjudica tanto al Ministerio Público como a la administración de la Justicia.

Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, los comentarios del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, en el Parlamento "muestran una clara intromisión del gobierno nacional en las competencias de los magistrados" y "confirman la gravedad de las denuncias" que realizó el magistrado sobre presiones del gobierno. Abdala señaló que Ubiría "describió una situación absolutamente grave y violatoria de la independencia de criterios de los fiscales".

En tanto, el diputado colorado Juan Manuel Garino opinó que las denuncias de Ubiría muestran una situación "contraria a la paz y tranquilidad con que debe funcionar la fiscalía", y que ello "es muy contrario al país honrado y al gobierno de primera que prometió el Frente Amplio en la campaña".