Los técnicos sugieren determinar responsables

En su informe, los auditores del Tribunal señalaron: "Dado que la CND no permitió la realización de las auditorías que le competen al Tribunal en el período 1991—1999, que en el citado período la CND administró importantes sumas de dinero, entre las cuales figura la donación efectuada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y varias decenas de millones de dólares por las que el Estado recurrió a endeudamiento externo, que no fueron rendidas, recomendamos al Tribunal, si corresponde, proceder a analizar el destino de los fondos administrados en el mencionado período, y la aplicación de las responsabilidades previstas en el artículo 119 del Tocaf".

En esa norma, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), determina que la responsabilidad administrativa alcanza "a los jerarcas y empleados de las entidades o personas públicas no estatales que utilicen indebidamente fondos públicos, o administren incorrectamente bienes del Estado".

POSTERGACION. La auditoría que realizaron los técnicos del TCR es la primera que pudieron hacer en la Corporación.

Desde fines de la década de 1980, todos los años se repitió una misma historia. El Tribunal enviaba a sus auditores a la CND, cuyo Directorio amablemente les comunicaba que no permitirían ser auditados por ellos. Y tenían que pegar la vuelta. La relación entre ambos organismos, por momentos ríspida, cambió en el 2000, cuando el hoy presidente del Banco Central, Julio de Brun, asumió como titular de la Corporación.

Durante años, los Directorios de la CND utilizaron como argumento un dictamen del constitucionalista José Aníbal Cagnoni, quien sentenció: "Los fondos que son patrimonio del Estado y que se destinan a la Corporación (...) al producirse el acto jurídico de integración de capital que la ley impone al Estado y a la persona estatal Banco de la República, dejan de ser fondos estatales y se transforman en patrimonio de la Corporación".

Pero el Tribunal contestó: "Este cuerpo entiende por fondos públicos, aquellos que directa o indirectamente provienen del Estado y que se destinan a cumplir un servicio público o una actividad de interés público, siendo irrelevante el destinatario". El organismo también acusó a la CND de apelar a "giros gramaticales e interpretaciones forzadas para obviar los controles".