"Los hermanos Peirano continúan presos por portación de apellido"

NATALIA ROBA

Los abogados argentinos Carlos de Casas y Carlos Varela Alvarez, afirmaron que los hermanos Peirano continúan en prisión sin condena a dos años y medio de su procesamiento "por portación de apellido". Los responsables de la acción iniciada por los banqueros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señalaron que este caso muestra "una gran incoherencia" entre lo que Uruguay firma y practica.

Varela Alvarez es especialista en materia de derechos humanos y ha tramitado varios casos ante la CIDH. De Casas es profesor de Derecho Penal y fue director de la Asesoría de Gobierno de Mendoza. Estuvieron en Montevideo jueves y viernes para conocer al nuevo abogado de los Peirano, Diego Camaño.

—¿Cómo se contactaron con los Peirano?

—Carlos de Casas: Yo soy amigo personal de José y en una oportunidad en que lo visité le comenté que suponía que estarían por salir ya que hay un límite para estar detenido sin sentencia, en Argentina son dos años. El me dijo: ‘Acá no me parece que vaya‘. Y le comenté que cuando se agotan las vías internas existe la posibilidad de reclamar internacionalmente. Después me contacté con Carlos (Varela Alvarez), que es el verdadero especialista en derechos humanos.

—¿Ya ha presentado otros casos antes la comisión de Derechos Humanos, cómo le fue?

—Carlos Varela Alvarez: La sentencia Nº22 de la CIDH es el caso Baigorria (la desaparición de dos personas en Mendoza en 1990), por el cual se condenó al Estado argentino durante la presidencia de Menem. Después llevamos varios casos. Y una cosa que surge es que hoy los grandes violadores de derechos humanos son los poderes judiciales.

—¿Qué opina de este caso?

—CVA: Evidentemente hay una gran diferencia entre la ley y el proceso que se les sigue, cuyo principal responsable es el juez (Pablo) Eguren, luego una incoherencia entre lo que Uruguay firma y lo que practica.

—Sin embargo, los operadores de la Justicia han sostenido que las garantías están dadas

—CdC: El informe que manda pedir la CIDH, la Suprema Corte se lo traslada al juez. Y no es una estrategia ni un cambio de cancha. Esta sentencia del caso Baigorria que quedó como sentencia Nº22 era el caso No. 18.000. No es así nomás que la CIDH manda pedir a los gobiernos que informen de las denuncias.

—¿Cómo trabaja la comisión?

—CVA: Está integrada por cinco personas, expertos de distintos sistemas jurídicos de América Latina. Una corte de admisibilidad que es muy estricta exige que se cumplan ciertos requisitos formales, luego empieza un trámite que es una petición, de eso se le da traslado al gobierno denunciado, y luego a los denunciantes. Cuando la petición es admitida comienza el proceso. En el medio existe otra posibilidad que es lo que se llama solución amistosa, hay un gran número de casos que no llegan a la Corte porque los gobiernos no quieren ser condenados.

—¿Qué pasa cuando hay condena?

—CVA: Cuando la CIDH saca una resolución y envía el caso a la Corte es bastante duro porque reciben ese informe el Banco Interamericano del Desarrollo, los organismos de crédito, las principales cancillerías y evidentemente el tema derechos humanos está en la agenda de los gobiernos que no perdonan esas situaciones.

—¿Pretenden que la CIDH obligue al Estado a darles la libertad?

—CVA: Lo que nosotros buscamos es una respuesta a la situación jurídica, que implica la cuestión de la libertad, una investigación sobre la muerte del Dr. (Jorge) Peirano Facio, saber también la responsabilidad funcional del juez Eguren, y saber si no ha habido actos discriminatorios respecto de estas personas en beneficio de otros, por ejemplo para los otros miembros del directorio del Banco Montevideo. Bajo argumentos de derechos humanos se libera a unos y a ellos se los deja en prisión por una especie de portación de apellido.

CdC: Estamos planteando más allá del apellido que sabemos que es muy urticante que a estas personas se las someta a un juicio justo. El adversario no son los ahorristas, los ahorristas tienen razón, y tienen todo el derecho de quejarse. El problema es el sistema.

—Pero las cárceles están llenas de personas en esas situaciones, no son los únicos

—CdC: Bueno, esto se aplica para todos. Tienen que salir en libertad y después que se siga el proceso. No se trata de que los absuelvan. Uno por lo que lee acá ya están condenados

—En este caso un factor que influyó fue la grave alarma social generada.

—CVA: Si otra persona que no se llame así hubiera cometido el mismo delito, ¿qué proceso tendría? Ese es el gran desafío de la justicia uruguaya, si es capaz de darle a aquellas personas que considera los malos de la sociedad un proceso justo. Eso tiene mucho que ver también con los valores de un gobierno socialista.

—Entonces puede pensarse que justo ahora que ganó la izquierda cambiaron la jugada.

—CdC: La presentación es de octubre y en octubre todavía no se sabía quién iba a ganar. Más bien pensamos que el proceso puede servir para que digan "la pena es muy débil, vamos a cambiarla". Lo que no se puede es aplicar una ley del siglo XIX que me remite a un Código que no existe.

—¿En cuánto a los plazos, cuánto puede demorar esto?

—CVA: LA CIDH se mueve en dos períodos de sesiones ahora en febrero y otro en octubre. Una vez que conozcamos la respuesta queremos establecer la posibilidad de una solución amistosa, que es un proceso de negociación para que las autoridades nacionales den una respuesta. Ello, mientras pueden pedir la libertad.

CdC: Lo que está en juego es la aplicación del proceso de las normas internacionales a las que se adhirió el país. De lo contrario saquémonos la careta y colguémoslos en la plaza central. Lo que pedimos es acabar con la hipocresía.