López Mena dice que se "sacrifica" y apoyará el ICIR

El empresario argentino Juan Carlos López Mena, presidente de una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos, anunció que retirará el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El pasado 27 de marzo, la empresa Farolur S.A. -propiedad de López Mena, dueño de Buquebus- que elabora los productos lácteos de la marca Talar, presentó una acción ante la SCJ reclamando que se declare la inconstitucionalidad del polémico tributo creado a fines de 2011.

El ICIR, rechazado por la mayoría de la oposición, grava la tenencia de tierras que en su conjunto excedan las 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 o superior.

Sin embargo, López Mena en un comunicado divulgado ayer, informó que dejará sin efecto el recurso presentado ante la SCJ. "Hemos reconsiderado la situación y procederemos a retirar dicho recurso", dice el texto que lleva como encabezado "Talar a la opinión pública".

"Aclaramos para que no quede ninguna duda que no hemos recibido la más mínima observación de parte de nadie. No lo hubiéramos aceptado", añade el texto.

El comunicado explica el motivo de la decisión: "Hemos visto la definición del gobierno y de todos los intendentes del país de los más diversos sectores políticos para defender esa ley por su impacto en aspectos importantes del desarrollo nacional, en particular en el campo y consideramos que esa causa bien vale sacrificarnos y sumarse desde el sector privado a ese esfuerzo".

De todos modos, López Mena deja constancia de que cuando comenzó con el emprendimiento lácteo el ICIR "no existía" y por eso el tributo "tiene un impacto negativo" en los resultados de la empresa. "Fue por ese motivo, y sobre todo por consejo de nuestros asesores legales, que presentamos ese recurso", explica el empresario argentino.

Hasta la semana pasada, la SCJ tenía en trámite tres recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR, uno de ellos el impulsado por la empresa de López Mena.

El trámite de las acciones que seguirán en curso recién se encuentra en la etapa inicial, y la resolución del máximo órgano del Poder Judicial se conocerá dentro de varios meses. La SCJ pedirá que el Parlamento y las comunas contesten las demandas en nombre del Estado.