Ley para incautar bienes y saber patrimonio de "narcos"

El ministro del Interior, José Díaz afirmó que habrá que modernizar el Código Penal para otorgarle herramientas a la Policía y al Poder Judicial para que incauten aquellos bienes adquiridos por el crimen organizado con la venta de drogas.

Díaz se refirió a los bienes del traficante Rodolfo Auscarriaga, quien fue detenido con 36 kilos en un procedimiento realizado por la Brigada Antidrogas en la tarde del 19 de marzo. En esa oportunidad fuentes de la Brigada Antidrogas destacaron que la Justicia debería incautar aquellos bienes adquiridos con dinero producido por la comercialización de estupefacientes.

Una modificación del Código Penal, según el jerarca de gobierno, deberá incluir facultades nuevas para ambas instituciones estatales en su lucha contra el crimen organizado.

"Estas deberán disponer de herramientas legales para pegar más fuerte a aquellos que se enriquecen, como los traficantes, con las desgracias de la gente", expresó.

Según Díaz, en este momento, la normativa uruguaya impide a la Policía y al Poder Judicial incautar bienes de los narcos.

Para el Secretario de Estado, la legislación penal uruguaya tiene "muy poco desarrollo" y no permite este tipo de actuaciones contra las propiedades adquiridas con el producto de actividades ilícitas.

Díaz dijo que "confío más" en la capacidad de prevención y represión del delito de la Policía como elementos disuasorios y de generar una cultura diferente donde la sociedad entienda el problema causado por las drogas.

"Mancomunadamente, la sociedad e instituciones públicas deben enfrentar el flagelo de la droga y de otras manifestaciones del crimen organizado", dijo.

Según el jerarca gubernamental, el Código Penal uruguayo, elaborado a comienzos de la década del 30 del siglo pasado, no conocía el desarrollo y envergadura de este tipo de delitos.

Añadió que lo que está "más perimido" en materia penal en la legislación uruguaya es la normativa referida al crimen organizado.

BIENES. A las 14 horas del 19 de marzo, efectivos de la Brigada Antidrogas detuvieron a Rodolfo Auscarriaga, alias "El Tumán Grande", con 36 kilos de cocaína en la valija de su auto cuando le iba a entregar el cargamento a un socio, Mario Carrasco. Este individuo, según la Policía, tenía la misión de llevar la droga hacia España y venderla allá junto con otros tres sujetos.

Al día siguiente, la jueza Gabriela Merialdo procesó a Auscarriaga por un delito de asociación para delinquir y un delito de transporte de estupefacientes (Ver nota aparte).

La magistrada actuante intimó a Auscarriaga y a su esposa, M.I.P.M., la agregación en la causa del informe contable de estado patrimonial de ambos a marzo del 2005, con análisis de fecha de compra de los diferentes bienes que integran el patrimonio y origen del dinero con el cual se adquirieron los mismos, con un plazo perentorio de 30 días.

Ese plazo terminó hace una semana.

Merialdo también solicitó al Banco República y al Banco Bilbao Vizcaya Argentale el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de la esposa de Auscarriaga para que las instituciones financieras remitan información sobre las mismas.

La jueza hizo hincapié en que desea saber la fecha en que las cuentas fueron abiertas, sucursal y el movimiento de dinero desde su apertura.

En el interrogatorio realizado en el Juzgado el domingo 20, Auscarriaga dijo que todos sus bienes "los hice con trabajo" y "los tengo desde hace mucho tiempo. Tengo como comprobar la procedencia de todo".

Agregó que la mayoría de sus bienes, excepto un Peugeot 406 y una parte accionaria de un conocido restaurante de Colonia, están a nombre de su esposa y de sus hijos, porque padece de una enfermedad crónica y posee muchos hermanos.

La abogada defensora de Rodolfo Auscarriaga impugnó la decisión de la jueza Gabriela Merialdo, tras considerar que la magistrada había resuelto procesar a su defendido por delitos que no había propuesto la Fiscalía.

El 20 de marzo de este año, la fiscal de Primer Turno, María del Huerto Martínez, planteó que existen elementos "prima facie" para el procesamiento de Auscarriaga por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Sin embargo, la jueza Gabriela Merialdo procesó a Auscarriaga por ese delito, pero le agregó otros dos delitos: asociación para delinquir y un acto preparatorio de un tráfico de drogas.

Además, la abogada defensora calificó de improcedente la decisión de Merialdo de intimar a Auscarriaga y a su esposa a que agreguen informes contables sobre sus estados patrimoniales.

"Es legítimo que la jueza haya dispuesto el levantamiento del secreto bancario para analizar las transacciones. No lo es, en cambio, que intime a un procesado y a una indagada a presentar determinada documentación para construir un perfil financiero y luego utilizar el activo de los mismos como una eventual prueba", dijo la defensa.

Según la defensa, Auscarria- ga no está obligado a suminis- trar al Poder Judicial tal documentación.

Agregó que destacó que su defendido no debe probar que es inocente sino que a la Justicia le compete probar que es culpable.