Leandro Santos quedará detenido si entra al país

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Si bien la jueza especializada Graciela Gatti desestimó la extradición del empresario argentino Leandro Santos, éste quedaría automáticamente detenido si ingresa a Uruguay. La Policía continúa investigando la compleja trama internacional.

"Comuníquese al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, que esta Sede no solicitará por el momento la extradición de Leandro Santos, sin perjuicio de ulterioridades. Mantiénese la orden de detención del antes mencionado a nivel nacional", expresaba la resolución de la jueza de Crimen Organizado, Graciela Gatti, que ayer por la tarde envió a la Justicia argentina.

Santos había sido detenido el 17 de febrero pasado luego que la magistrada emitiera una orden internacional de captura que cumplió la División Interpol de la Policía Federal Argentina en medio de todo un show mediático, que fue parcialmente retransmitido en vivo a Uruguay. El juez interviniente dispuso que el empresario podía aguardar en libertad la resolución de su extradición.

Su nombre aparecía varias veces en el abultado expediente judicial que se formó a partir de la Operación Blanca, una investigación de varios meses por parte de agentes de la Dirección General de Crimen Organizado de la Policía. Varios de los testigos claves del caso lo mencionaron y lo hicieron vinculado a actividades rayanas a la explotación sexual.

Sin embargo, tal como explica el fallo, no se cumplía uno de los aspectos centrales en todo proceso de extradición: la doble incriminación. Este término significa que la razón por la que es solicitada su extradición debe, necesariamente, ser delito en las legislaciones de los dos países involucrados.

El delito por el que Santos sería extraditado, entonces, es el de proxenetismo y como explica la resolución "podría haber existido una hipótesis de explotación de la prostitución, de otras personas, mayores de 18 años, siendo indiferente, para el Derecho uruguayo, el consentimiento de la persona prostituida en cuanto a autorizar dicha explotación". Esta es, entonces, la diferencia entre ambas legislaciones que terminó, finalmente, de echar por tierra la extradición.

El defensor designado en Uruguay para representar al agente de modelos, el abogado Jorge Barrera, se mostró complacido con el fallo. "Es una sentencia muy sólida desde el punto de vista jurídico, porque demuestra que en nuestro país la Justicia toma resoluciones en base a elementos fácticos y jurídicos, y no por la repercusión mediática que tenga un hecho", dijo Barrera a El País.

El abogado procuraba ayer hablar con su cliente en Buenos Aires, sobre todo para acordar qué pasos adoptarían de futuro ya que si bien quedó el pedido sin efecto, aún debe rendir cuentas a la justicia uruguaya.

LA INVESTIGACIÓN. El principal involucrado en la trama de prostitución VIP, José Miguel Acosta, continúa prestando declaración en la sede judicial. Ello mientras su abogada defensora prepara un recurso solicitando la inimputabilidad de Acosta, argumentando un presunto desequilibrio psíquico.

Pero mientras estos aspectos se dilucidan a nivel judicial, la investigación continúa en la órbita policial de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol. Fuentes del caso señalaron en tal sentido que un equipo de investigadores del Departamento de Vigilancia de la mencionada unidad especial trabajaron durante toda la semana pasada en Punta del Este en busca de nuevos testigos.

La semana que viene varios de ellos prestarán testimonio por primera vez y ello daría lugar a nuevos fallos.