Las comisiones barriales harán lobby contra la Ley de Cárceles

Los planteos de Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los penalistas más prestigiosos del mundo y actual miembro de la Suprema Corte Argentina sobrevuelan el proyecto del gobierno.

DECISION. El penalista dijo a la prensa peruana que cada país debe tomar una decisión política: "decidir el número de presos que quiere tener". Según el especialista hay delitos muy leves que no merecen privación de libertad.

En la misma línea, el abogado y criminólogo uruguayo German Aller dijo a El País que cree que es una decisión política aumentar o disminuir los reclusos.

Según Aller, este proceso en Uruguay tuvo aspectos contradictorios en los últimos años. "Por un lado, se crearon más delitos y penas más severas para algunos existentes, pero también se aprobaron normas sobre libertad anticipada y procesamiento sin prisión", sostuvo.

Dijo que a eso hay que sumarle el aumento de la criminalidad y del tipo de delitos que implican violencia contra las personas, lo que lleva a una mayor sensación de inseguridad.

Aller opinó también que la cárcel ha demostrado que no sirve para evitar nuevos delitos. "La cárcel es improductiva, es un mal sobre otro mal, no arroja resultados y debe reservarse para los casos en que no hay otra manera de evitar que la persona siga delinquiendo", sostuvo.

VECINOS. Luis Inzaurralde, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, se pronunció radicalmente en contra del proyecto de ley.

Inzaurralde, propietario de un autoservice en el Cerrito de la Victoria, dice representar a 47 comisiones barriales de Montevideo y 13 de distintos departamentos del Interior del país.

El comerciante se manifestó en contra de la liberación de aquellos que robaron, mataron, rapiñaron o violaron.

"Tienen que pasar en la cárcel hasta el último día de la pena, y si las cárceles están en esas condiciones es porque ellos las destrozan; sacar a algunos para que los que queden estén más cómodos no se debe hacer", dijo a El País.

Cuestionó además que no se haya consultado a la comisión para elaborar el texto y sostuvo que la iniciativa del gobierno responde a la presión que los reclusos están haciendo para ser liberados.

Según Inzaurralde, la delincuencia "crece día a día" y se le está "escapando de las manos a las autoridades". El comerciante narró que en su barrio los comercios trabajan luego del atardecer con rejas en las puertas y que muchos vendedores mayoristas apelaron a tener perros en las cajas de sus camiones o camionetas para evitar que los roben.

Junto a los problemas que representa el nuevo Código del Menor, la iniciativa para el descongestionamiento de las cárceles ocupa el centro de las preocupaciones de los vecinos y comerciantes a quienes estas comisiones representan. La Comisión prepara junto con dos abogados una serie de objeciones al proyecto que entregarán al Ministerio del Interior la semana próxima.

CONTROL. La iniciativa establece que el régimen de vigilancia para quienes accedan a la libertad estará supervisado por el Patronato de Encarcelados y Liberados en las condiciones señaladas en el artículo 102 del Código Penal.

Además, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de control de los ex-presos.

Eso es lo que aguardan las autoridades del Patronato para fijar un plan específico para atender a los 700 reclusos que saldrán en libertad, dijeron miembros de la dirección de la institución.

El ministro José Díaz transmitió a las autoridades del Patronato la semana pasada que en el próximo presupuesto les otorgarán partidas y personal para reforzar su gestión.

INSERCION. En el proyecto de ley se establece que en todas las licitaciones de obras públicas, los empresarios contratantes deberán incluir un mínimo de 5% del personal que desempeñe tareas de peón a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

Varios organismos estatales han empleado a ex-reclusos como forma de facilitar su reinserción laboral: algunos ministerios, AFE y la Intendencia de Montevideo. Un ex jerarca municipal dijo a El País que la Intendencia tuvo experiencias buenas y de las otras con este sistema. Cuando se realizaron tareas supervisadas por el Patronato los resultados fueron satisfactorios (como el mantenimiento de la peatonal Sarandí) comentó.

Sin embargo, cuando se trató de acuerdos directamente con la Dirección Nacional de Cárceles, los resultados no fueron buenos. El trabajo como premio mientras dura la reclusión no funcionó como se esperaba, opinó el ex jerarca municipal.

Además, otro de los mecanismos de inserción planteados en el proyecto es el Plan de Emergencia Social, al cual podrán ampararse los liberados que reúnan las condiciones para ingresar a esa iniciativa.

Más de 9 millones de personas se encuentran recluidas en instituciones penales en todo el mundo, afirma la quinta edición de la Lista Mundial de Población en Prisiones, elaborado por el Home Office británico (Ministerio del Interior).

Casi la mitad de estos reclusos —la mayoría de ellos sin sentencia—están en cárceles de Estados Unidos (2.033.000), China (1.512.000) y Rusia (864.000).

Estados Unidos es el país que tiene el más alto índice de población carcelaria cada 100.000 habitantes: 701. Le siguen Rusia (606), Bielorusia (554), Kazajastán (522) y las Islas Vírgenes (522).

En Uruguay hay 212 personas presas cada 100.000 habitantes, un índice que está muy por encima de la media sudamericana, que marca 126 presos cada 100.000 personas. De todos modos, el promedio continental creció de 107 a 126 en los últimos cuatro años. Es encabezado por Surinam con 437. Uruguay comparte el segundo escalón con Chile.

La tasa de "prisionización" de Uruguay se duplicó entre 1997 y 2004. En 1994 había 100 presos cada 100.000 habitantes, en 1997 fueron 106, en 2002 se alcanzó a 146, para instalarse en 212 en 2004.

En 1984 en Uruguay había 1.890 presos. En 1994 había 3.200, colmando la capacidad de alojamiento carcelario existente. En mayo de 2005 había 7.213 reclusos .

En países donde la percepción de violencia y los índices delictivos son aparentemente superiores a los de Uruguay, la cantidad de presos cada 100.000 habitantes es sensiblemente inferior: Venezuela (76), Argentina (107), Colombia (126), Brasil (160).

Aun así, esos mismos países sufren de hacinamiento en sus prisiones. Los índices de personas entre rejas pueden ser síntomas de ausencia del Estado e impunidad.

En Argentina, la población carcelaria también se disparó en los últimos años: de 29.690 presos en 1997 a 40.517 en el año 2001, para luego sumar unos 10.000 reclusos en dos años. En 2003, en Argentina había 51.998 personas en las prisiones.

Los nuevos modelos que se buscan en el sistema también motivaron que las autoridades decidieran cambiar los nombres de las cárceles. Estas ya no llevarán más la palabra reclusión y cárcel que será cambiada por penitenciaría. Así, a modo de ejemplo, el Complejo Carcelario Santiago Vázquez (COMCAR) pasará a llamarse Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (COMPEN). El Penal de Libertad, llevará desde ahora comillas en la palabra "Libertad", para evitar confusiones.