La justicia recibió el año pasado el monto presupuestal más bajo

El presupuesto que el gobierno asignó al Poder Judicial en el año 2003 fue el más bajo que se haya registrado desde 1990. El gasto ejecutado por el Poder Judicial representó el 1,18% del gasto total de funcionamiento e inversiones del gobierno.

Ese año tuvo como asignación poco más de un millón de pesos. Para ello se abatió el 8% en los créditos de funcionamiento y un 28% en los créditos de inversiones, según un informe elaborado por la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte. Esa cifra representa el 1,11% del presupuesto asignado para los gastos de funcionamiento e inversiones del gobierno. En el año anterior el porcentaje había sido de 1,15%.

El presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey dijo a El País que de acuerdo con ese estudio "se bregará por un aumento sustancial" en el próximo presupuesto.

El magistrado señaló que la disminución de los recursos asignados se vio acompañada de un aumento importante en el volumen de trabajo y competencia en numerosos casos que llegaron a la Justicia.

De acuerdo con las estadísticas de la justicia, en el año 2003 se iniciaron 208.548 demandas. Mientras que entre 1994 y 2000 se iniciaron un promedio de 175.822 asuntos, entre el 2001 y 2003 ese promedio llegó a los 214.324.

El gasto ejecutado del Poder Judicial en 2003 fue del 1,18%, mientras que el Poder Legislativo fue del 1,36%.

Comparando las economías del ejercicio de la Justicia y el Parlamento, del resultado presupuesto asignado-presupuesto ejecutado, el Poder Judicial tuvo 40.251.167 pesos, mientras que el Parlamento tuvo 173.644.000.

DEUDA. El informe agregó que de acuerdo a lo establecido en la ley 17.556 de Rendición de Cuentas 2001, al Poder Judicial se le redujeron sus créditos en el año 2002 un 28% (8% en gastos de funcionamiento y un adicional de 19% de inversiones) hasta el ejercicio 2004 inclusive. Respecto a Servicios Personales sólo contó con un aumento de un 3% en enero de 2003, 2% en mayo de 2003 y 2% en setiembre de 2003.

Según las cifras del balance de la Contaduría General de la Nación, el gasto ejecutado del Poder Judicial financiado con Rentas Generales y Endeudamiento Externo en el año 2003 ascendió a 998.559.297 pesos de los cuales el 81,2% correspondió a costo del personal, el 16,4% correspondió a otros gastos de funcionamiento y el 2,4% a inversiones.

A esa cifra se sumó lo ejecutado por fondos propios extrapresupuestales recaudados por el Poder Judicial, que en el 2003 fue de 58.321.458, de los cuales un 37% financió gastos de retribuciones personales, 16% gastos de funcionamiento y un 47% financió el pago del préstamo BROU por el Palacio de Justicia.

El informe de la División de Comunicación de la Corte concluye que "si bien la ejecución del año 2003 fue, en términos reales, algo menor que en el ejercicio 2002 (en el entorno de un 4%) ello se debe a que de acuerdo a la política establecida por la Dirección General de Servicios Administrativos se está tratando de mantener un nivel de compras mínimo que permita funcionar a la institución".

Agregó que se buscó acompasar eso con el cupo financiero de caja que se recibe de la Contaduría General de la Nación, evitando aumentar de esa forma el nivel de deuda mantenida con los proveedores en el entorno de los 75 millones de pesos.

Los cuatro juzgados de violencia doméstica que creó esa ley se pondrán en marcha antes de fin de mes.

El Ministerio de Economía le dio en comodato al Poder Judicial el edificio de la calle Galicia y Rondeau, según informó el presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey quien explicó que la semana próxima se firmará el contrato.

Si bien estaba previsto que dos comenzaran a funcionar este año y dos el próximo, Van Rompaey dijo que el atraso que se ha generado en el tema provocó que se decidiera iniciar los cuatro juntos.

La ley de apoyo al Poder Judicial —que se votó en noviembre del año pasado— determinó la creación de esos cuatro juzgados, dos actuarios y cuatro adjuntos, dos alguaciles, dos jefes de sección, 10 administrativos y dos auxiliares. También creó cuatro cargos de defensores de oficio en Montevideo, dos psiquiatras, dos forenses, dos psicólogos y dos asistentes sociales.