La interna policial se vio agitada en las últimas horas como consecuencia de una declaración del Círculo Policial del Uruguay, la institución que reúne a oficiales en actividad y en retiro de la Policía, que acusó de "ligereza" de juicios al ministro Guillermo Stirling. Si bien ni el ministro interino del Interior, Daniel Borrelli, ni el jefe de Policía de Montevideo, José Pedro Delgado, quisieron hacer declaraciones sobre la posición del CPU la Jefatura libró un comunicado a modo de respuesta oficial.
En el centro de la polémica se encuentra el caso de un arquitecto de la Intendencia que denunció haber sido detenido sin motivos en Parque Batlle por efectivos de la Seccional 9a. El profesional denunció al matutino La República que estuvo incomunicado por diez horas en la comisaría del estadio, sin que se le informara del motivo de su detención. Por su parte, fuentes policiales indicaron que el procedimiento se había realizado cuando los funcionarios constataron lo que a su juicio podía configurar un acto de atentado violento al pudor, delito sancionado por el Código Penal. Al cabo de ese lapso el arquitecto recobró su libertad.
Al ser consultado sobre este caso el ministro Stirling dijo oportunamente que "no se puede permitir ningún desvío" en la conducta de los policías. Fueron, precisamente, estas declaraciones las que levantaron el rechazo del CPU.
El CPU expresó que "respalda el procedimiento realizado, el cual se ajustó a derecho conforme a la resolución judicial competente".
La comunicación fue remitida a la redacción de El País sobre las 22 horas del miércoles pasado, en momentos en que el ministro Stirling se encontraba ya en viaje hacia Asunción del Paraguay para participar de la cumbre de ministros del Mercosur. Pese a ingentes esfuerzos por localizar al secretario de Estado en la capital paraguaya para requerirle su opinión sobre estas declaraciones, ello no fue posible.
RESPUESTA. La respuesta de los mandos policiales se conoció ayer poco después del mediodía, luego que el ministro interino mantuviera una reunión con el comando de la Jefatura de Policía.
El suscinto comunicado que resultó de esta reunión, puntualizó tres aspectos del caso que dio origen a la polémica. "Por los hechos de pública notoriedad – expresa el comunicado policial –, acaecidos en la Seccional 9na.; de inmediato se dispuso una Información de Urgencia (artículo 180 del Decreto 500/991), para la averiguación de la ocurrencia de los mismos y puesta en conocimiento de la Sra. Juez Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 6to. Turno, estando a sus resultancias. A consecuencia de la referida Información se resolvió la instrucción de un Sumario Administrativo (artículo 185 del Decreto 500/991), al Personal Superior y Subalterno involucrado, a fin de determinar las responsabilidades que eventualmente le pudieran caber a cada uno de ellos. Para otorgar todas las garantías del debido proceso administrativo, se dispuso el relevo momentáneo de los Efectivos sumariados".
En el último pasaje el comunicado expresa: "En todo este proceder se buscó la salvaguarda de los derechos y garantías que la Constitución de la República y demás Leyes del País establecen para los ciudadanos, sin que ello signifique prejuzgar la actuación de los policías intervinientes".