Justicia investiga estafas de empresas funerarias al BPS

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EDUARDO BARRENECHE

El BPS presentó dos denuncias penales en Bella Unión contra funerarias que cobraron subsidios de servicios fúnebres de jubilados fallecidos pese a que estos contaban con cobertura privada. Las maniobras se repiten en Salto y Paysandú.

Fuentes de la investigación expresaron a El País que el modus operandi de las estafas era sencillo: cuando fallecía un jubilado o pensionista con cobertura fúnebre privada, la misma empresa que le realizaba los servicios solicitaba a un heredero o familiar directo que firmara una serie de documentos.

Dentro de los mismos se encontraban declaraciones juradas sobre que el fallecido no contaba con cobertura fúnebre privada. Otro activaba el cobro de un subsidio de $ 10.000 que paga el BPS a todos aquellos jubilados que fallecen y no cuentan con la cobertura de una funeraria. Ese subsidio es para pagar los gastos de un velatorio y un entierro económico.

Dentro de los documentos que debía firmar el familiar o persona allegada al fallecido era una excepción de crédito. Este habilitaba a la empresa funeraria a reclamar ante el BPS el costo de expensas funerarias.

Según las fuentes, el juez Letrado de Bella Unión, Marcelo Malvar, ya comenzó a interrogar a empresarios acusados por el BPS y a testigos de las maniobras.

En una investigación que abarcó a 600 jubilaciones otorgadas en Bella Unión de 2005 en adelante, el BPS detectó que 18 eran "truchas" y las denegó; 64 fueron corregidas a la baja; 42 esperan plazos legales para continuar el trámite y 273 son investigadas.

Luego de una investigación administrativa y una auditoría, el Directorio del BPS inició tres sumarios a empleados de la agencia artiguense por eventuales negligencias en los controles. El caso también es investigado por la Justicia Penal. Ya concurrieron a declarar empresarios que firmaron las jubilaciones y trabajadores. Todavía no fueron citados empleados del BPS, expresaron las fuentes.

PODERES. En Cerro Largo, la edila colorada Walkiria Olano recibió denuncias de familiares de ancianos internados en casas privadas de salud, donde sus encargados habían sacado préstamos en el BPS a nombre de los pasivos.

Olano derivó varios casos a la Justicia por entender que "los jubilados fueron utilizados en su buena fe o por la avanzada edad. Firmaron poderes a terceros para que puedan cobrar sus pasividades adueñándose de la jubilación o tramitando prestamos abultados".

La edila Olano dijo que solicitó una entrevista al Directorio del BPS para informar sobre las irregularidades constatadas con testimonios de damnificados en su departamento.