Justicia intervino en agresión del taxi

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A pedido de la fiscal Ana Tellechea, el juez penal Ricardo Miguez comenzó de oficio a indagar los incidentes ocurridos en el Ministerio de Trabajo el pasado lunes.

La fiscal solicitó investigar los "hechos con apariencia delictiva que pudieran ser perseguibles de oficio", en clara alusión fundamentalmente a los destrozos ocurridos en la sede ministerial.

Miguez, quien subroga hasta hoy a la jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustaccio, solicitó copia de los videos que registraron lo ocurrido a los canales de televisión. A quienes se identifique participando de los incidentes serán citados a declarar.

Entre los identificados cuando se dieron los destrozos en la puerta del despacho del director de Trabajo, Julio Baráibar, están la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y los dirigentes del sindicato del taxi (Suatt), Gustavo López y Sergio Pereira. También había más integrantes de Plenaria Memoria y Justicia e integrantes del sindicato de caddies.

Miguez fue quien, a pedido de Tellechea, condenó a Leites por el delito de desacato por ofensas, debido a pintadas ofensivas contra el Poder Judicial en la fachada de un tribunal. Dicha condena fue revocada por un tribunal, pero Tellechea presentará el caso en casación a la Suprema Corte de Justicia.

RECLAMO. La violenta protesta en la sede ministerial sigue generando reacciones. Juan Carlos Losada, presidente del gremial empresarial del taxi (Cpatu), dijo a El País que el decreto del gobierno para el sector "no conforma" a los empresarios. Losada señaló que el relevo en puerta (entre las 3 y las 5, hora pico del servicio) y la exoneración del pago de las multas a los trabajadores fijadas en el decreto, son "inviables en la práctica". Estos aspectos son "una locura", sostuvo. Losada confirmó que la gremial se contactará a partir de hoy con el MTSS en una serie de reuniones pactadas para que planteen su posición.