Justicia inició en Montevideo este año 3.841 procesos por desalojo

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D. FRIEDMANN / V. RUGGIERO

En Montevideo se inician por día, en promedio, 14 juicios de desalojo. La amplia mayoría son a personas que alquilan una vivienda y luego optan por no abandonar el bien. También hay morosos contumaces de créditos hipotecarios.

Según datos proporcionados a El País por la Suprema Corte de Justicia en este año, hasta el 4 de septiembre, se habían iniciado en Montevideo 3.841 procesos de desalojo, lo que implica 14 por día. La tendencia se mantiene estable desde 2008.

De los presentados en los primeros nueve meses del año, 1.738 corresponden a vencimientos de plazos. Ello implica que tras finalizar el contrato de arrendamiento y la prórroga de un año prevista por ley, que opera de forma automática, el dueño solicitó judicialmente el desalojo. Para eso hay previsto un plazo de un año.

De todos modos, varias fuentes señalaron que para que se concrete el lanzamiento (abandono del bien) los tiempos suelen extenderse más -la Justicia puede disponer de varias prórrogas de hasta 120 días-, especialmente cuando hay niños o personas enfermas.

Además, en lo que va del año se iniciaron 548 procesos de desalojos de "precarios" que son, por ejemplo, personas a quienes le prestaron una casa por un plazo -no necesariamente fijado por escrito- y una vez finalizado no se van.

En los procesos por desalojo, la segunda categoría en número son otras causales (1.549), cifra que engloba, por ejemplo, comodatos. Un caso de este tipo es una pareja que vive en concubinato en la casa de la madre del hombre, se separa y él opta por irse. Luego, le inicia un juicio por desalojo a su ex- mujer. "En esos casos muchas veces la Justicia está haciendo lugar al desalojo, inclusive si hay niños", contó un abogado.

"ESTAMOS REGALANDO". En las otras causales también se encuentran procesos iniciados a morosos contumaces de créditos hipotecarios.

La semana pasada la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) -organismo que creó varios fideicomisos para gestionar las carteras que recibió del BHU- remató extrajudicialmente doce inmuebles en esa situación.

Para llegar a que una propiedad se remate, los deudores deben ser contumaces (de entre dos y cuatro años), citados reiteradamente para encontrar una solución a su situación y no haberse presentado. "Estos remates son situaciones absolutamente excepcionales. Corresponden a la cartera comercial y no social", dijo a El País, Cristina Fynn, vicepresidenta de la ANV. En lo que va del año se fijaron 275 subastas de este tipo, indicó la jerarca. Se vendieron 78 y no se remataron 38.

El jueves pasado había tres remates en la sede del organismo. El primero, a las 13 y 30 horas, era un apartamento de dos dormitorios en la calle Pedro Campbell (Parque Batlle), con una base de $ 588.325. Se suspendió. Eso sucedió con 159 de las subastas fijadas por el organismo. ¿El motivo? Lo más frecuente es que poco antes de concretarse, los deudores regularicen su situación. También ha sucedido que los papeles no estén en regla o que la deuda por impuestos supere el valor de la vivienda.

El segundo remate comenzaba a las 15 horas. Siete personas, entre corredores inmobiliarios y particulares, aguardaban el inicio. Se subastaba un apartamento de tres dormitorios en avenida Sayago (Sayago), con una base de $ 614.637. "Alguien da más de $ 615.000. Estamos regalando el apartamento", dijo la martillera Nitzia Formoso Helguera. Ninguna mano se levantó y el remate terminó. Sin encontrar un comprador, finalizaron otros 38 remates del organismo.

Más interesados llegaron para el tercer remate, un apartamento de la calle Monte Caseros y Garibaldi (La Blanqueada). La base era $ 225.407 y se remató a $ 650.000. Lo compró una pareja que iba por primera vez a un remate y que quería una propiedad para su hijo.

Como la amplia mayoría de los bienes de este tipo que se subastan, el apartamento se encuentra ocupado. "Una vez rematado el inmueble la ANV inicia un procedimiento de `toma de posesión` para entregar el bien rematado al mejor postor", explicó Fynn. En la práctica, eso implica que le inician un proceso judicial por desalojo.

También quienes lo compraron pueden intentar sus propias estrategias. El jueves, un corredor inmobiliario y rematador público que estaba en la sala, alentaba a los compradores. "Hicieron negocio. Ahora pueden negociar con la persona que vive ahí para que se los deje libre antes", comentó.

El corredor, que prefirió no dar su nombre, dijo a El País que va a todos los remates de la Agencia aunque reconoció que no siempre oferta. "Tiene cosas muy buenas pero también es riesgoso. A veces los dueños te rompen todo y vos compras una casa en estado calamitoso. Pero siempre es mejor comprar porque son precios que no se manejan en el mercado", opinó.

Por su parte, el empresario y analista inmobiliario Julio Villamide señaló que comprar un inmueble ocupado tiene puntos a favor y en contra: se consiguen a un precio más atractivo pero requiere un trámite de desalojo que puede llevar alrededor de dos años. "Siempre hay inversores dispuestos a comprar cosas con problemas, si las logran solucionar tienen una ganancia que puede ir hasta el doble de lo invertido", dijo.

Los procesos de desalojo se producen en todo el país, aunque hay varios departamentos donde el fenómeno se da con mayor frecuencia.

En la capital rochense, por ejemplo, se producen entre 150 y 200 desalojos anuales por contratos vencidos o incumplimiento de pago.

En la ciudad de Treinta y Tres, en tanto, en lo que va del año hubo 54 lanzamientos, el último el 13 de octubre.

En San José, fuentes judiciales indicaron que anualmente se inician medio centenar de juicios por desalojo, una cantidad que se mantiene estable.

En Río Negro no se registran ocupaciones y desalojos con la frecuencia de otras partes del país. El único caso que los funcionarios recuerdan de desalojo compulsivo, ocurrió hace algunos años con un joven que ocupó una vivienda del barrio JC 6.

Por otra parte, la ocupación y el eventual desalojo de viviendas particulares por parte de intrusos no parece ser una problemática para las autoridades policiales, judiciales, ni para el mercado inmobiliario sanducero. Las distintas fuentes consultadas (policía, abogados, agentes inmobiliarios) coincidieron en afirmar que si bien pueden existir casos aislados y esporádicos, la situación es por sobre todo inusual. (Por red de corresponsales)

650.000 Es la cantidad de pesos uruguayos en que se remató el jueves un apartamento en La Blanqueada, de tres dormitorios.

5.135 Son los procesos de desalojo que se iniciaron el año pasado en Montevideo. De ellos, 2.345 eran por vencimiento del plazo.

275 Son los bienes que remató la ANV por deudas hipotecarias. Se vendieron 78 y 159 se suspendieron porque fueron a pagar.