Justicia desestimó recurso por decreto de seis horas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el gobierno se enfrentaron hoy ante la jueza de lo contencioso administrativo, Cristina Cabrera, por el decreto que fija en seis horas el mínimo de la jornada laboral en la Administración Central.

La magistrada desestimó la acción de amparo que 78 profesionales de la Administración Central presentaron contra el decreto que impulsa el Ejecutivo.

Tras la audiencia, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, confirmó la decisión tomada por la jueza Cabrera y señaló que se había impuesto la posición del gobierno.

"Lo importante de esta sentencia es que hay un fallo anterior que desestimaba el amparo por razones formales (…) y estableció claramente que el Poder Ejecutivo ha actuado en todo conforme a derecho y las normas legales que rigen el trabajo de los funcionarios públicos", dijo el jerarca.

Breccia explicó que la idea del gobierno es que el funcionario cumpla con el régimen de seis horas diarias como mínimo y dijo que los profesionales escalafón A y B (abogados y escribanos) también tendrán que cumplir con la medida.

El secretario de Presidencia dijo: "Como poder Ejecutivo hemos salido sumamente fortalecidos. Esto es el comienzo en materia de vínculos laborales con el Estado de un ordenamiento que entendemos que es razonable y lógico para hacer un estado más eficiente, equitativo y al servicio de la ciudadanía".

El decreto entrará en vigencia el 1° de diciembre y establece que la jornada laboral en la Administración Central "no podrá en ningún caso tener un horario inferior a seis horas".

El abogado Daniel Parrilla, uno de los asesores jurídicos de COFE, dijo a El País que de los 515 funcionarios profesionales que impugnaron el decreto ante la Presidencia, la "gran mayoría" tiene intenciones de iniciar juicios de reparación patrimonial contra el Estado.

El principal argumento es que el aumento de la carga horaria no está acompañado de una compensación, por lo que en los hechos existe una rebaja salarial, dijo Parrilla.

A su vez, se alega que los funcionarios profesionales en su mayoría también se desempeñan a nivel privado, por lo que el incremento del horario también los perjudicaría en esa órbita, indicó el abogado.