En marzo de 2021, el gobierno de Luis Lacalle Pou debió contratar a un estudio estadounidense de abogados para responder un arbitraje internacional por US$ 860 millones que Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah), exaccionista de Pluna, le entabló al Estado uruguayo por su presunta responsabilidad en el cierre de la exaerolínea de bandera uruguaya en 2012. La clausura de Pluna S.A. ocurrió durante el gobierno de José Mujica (Frente Amplio).
El procedimiento de arbitraje internacional fue planteado por Larah en mayo de 2019 ante el Ciadi, un organismo dependiente del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales entre privados y Estados.
Según supo El País, llegó a Presidencia de la República una notificación del Ciadi donde se condenaba al Estado uruguayo a pagar US$ 30 millones a Larah, quien finalmente compró las acciones de Leadgate tras una serie de negocios entre empresas mayormente de origen panameño.
Leadgate, junto con el Estado uruguayo, poseía el paquete accionario de Pluna S.A.
El juicio
En un principio, el reclamo de la empresa panameña Larrah apuntó a recibir una indemnización de más de US$ 800 millones de dólares de parte de Uruguay. Sin embargo, el estudio estadounidense contratado por el gobierno uruguayo logró abatir notoriamente el reclamo.
La condena de tribunal arbitral finalmente fue de US$ 30 millones más intereses (costo de la inversión: aviones, esencialmente), según la fuente.