FISCALÍA

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Grupos de inversionistas afectados por la empresa corredora de Bolsa Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers Agente de Valores presentarán por lo menos cuatro denuncias penales en la Fiscalía por estafa y apropiación indebida.

El lunes 4, el Banco Central del Uruguay (BCU) decidió intervenir preventivamente con suspensión de actividades a ambas empresas, propiedad de una misma dueña, tras detectar que 400 clientes habían sufrido pérdidas que rondan los US$ 110 millones. En la resolución, el BCU decidió que la Bolsa de Valores fuera la interventora de las dos empresas.

El País supo ayer que la Bolsa de Valores y la empresa mantuvieron reuniones con inversionistas damnificados. No obstante, días atrás los encuentros se suspendieron en forma brusca. No trascendió el motivo de dicha suspensión.

En el ámbito penal, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, ya recibió una denuncia durante la feria judicial; otra se efectivizó ayer y el representante del Ministerio Público ya fue informado de que se presentarán otros dos escritos, según supo El País.

Las denuncias ya en trámite refieren a supuestas irregularidades cometidas por las dos empresas en inversiones realizadas a fines de 2021 y principios de este año. Se trató de colocaciones de alto que generaron pérdidas a sus clientes, cuyos montos oscilan entre US$ 50.000 y US$ 2 millones.

Los escritos dicen que las empresas intervenidas efectuaron inversiones de alto riesgo en un principio con el aval del inversionistas y, luego cuando comenzaron las pérdidas, continuaron con operaciones riesgosas con el propósito de recuperar terreno. Algo que no ocurrió. Esta estrategia bursátil se repitió en varias ocasiones y, en forma paralela, no se brindó información a los clientes que les hubiera permitido salvar algo de su dinero.

Ante esta situación, los abogados Pablo Donnangelo, Ignacio Durán y Eduardo Sasson reunieron a unos 60 inversores damnificados.

Según supo El País, los tres penalistas preparan una denuncia, que será presentada este viernes o el próximo lunes.

“Algunos inversores nos dicen que invirtieron en bonos y acciones. Y estos documentos no aparecen ni tampoco el dinero”, dijo el abogado de uno de los estudios que aglutina a un grupo de damnificados.

En la Fiscalía trascendió que otro bufete también elabora un escrito que será entregado al fiscal Rodríguez en el correr de los próximos días. El documento también refiere a posibles ilícitos cometidos contra los patrimonios de los inversores.

La situación hoy de los inversionistas es dolorosa. Muchos perdieron los ahorros de toda una vida. La empresa corredora de Bolsa alega que éstos firmaron documentos donde aceptaban que la firma realizara inversiones riesgosas y recuerda que, en el pasado, esos inversionistas ganaron mucho dinero con ese alto nivel de riesgo.

No obstante, otro abogado de un estudio que también reúne a damnificados dijo a El País que la firma corredora de Bolsa no dio “información veraz” a sus clientes durante un largo tiempo sobre sus inversiones.

Por eso, en un escrito elevado al Directorio y a la Superintendencia de los Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, el abogado Gonzalo Ramírez, en representación de varios inversionistas, pidió que el organismo presentara una denuncia penal. El argumento central de Ramírez es que el BCU posee toda la información sobre las inversiones realizadas por las empresas intervenidas.

“Se solicita que se adopten (por parte del BCU) una serie de medidas tendientes a transparentar información de vital importancia para los inversores y determinar las responsabilidades que correspondan”, señala el documento al que accedió El País.

El escrito de Ramírez también pide al BCU que brinde acceso permanente e irrestricto a todas las actuaciones administrativas relacionadas con inspecciones y sanciones contra la empresa Custodia de Valores Mobiliarios Corredores de Bolsa. Y recuerda que los inversionistas confiaron sus fondos a la empresa Custodia de Valores Mobiliarios Corredores de Bolsa, porque era una firma de larga y reconocida trayectoria en el mercado de valores desde 2003.

“Por aquel entonces, esa empresa merecía nuestra confianza y respeto. Sin embargo, se han suscitado hechos recientes que produjeron el quiebre de nuestra confianza y la de muchos otros inversores”, dice el escrito.

El documento enviado al BCU señala que la titular de la empresa corredora de valores les informó, en un correo electrónico, que sus inversiones se habrían desvalorizado en un 90%.

Por su parte, la firma sostuvo que dichos saldos podrían sufrir variaciones por operaciones aún pendientes de liquidación y producto de las variaciones de los precios de los valores en los mercados. Dichos saldos tampoco consideraban la imputación de la supuesta asistencia financiera de US$ 25 millones que la propietaria de la empresa habría realizado. Es decir, la dueña de la empresa corredora de Bolsa habría tratado de realizar un salvataje infructuoso de las inversiones de sus clientes, lo cual colide con reglas establecidas por el BCU.

El viernes 1°, algunos inversores, acompañados por el abogado Ignacio Uría, integrante del estudio del abogado. Ricardo Olivera García, fueron recibidos en las oficinas de CVM por personal de la empresa. Allí se les entregó un documento que contendría un proyecto de “acuerdo privado”.

Dicho documento establecía que las pérdidas fueron solventadas por la empresa corredora de Bolsa en su totalidad. Sin embargo, luego que el BCU le obligará a la compañía a informar verazmente las posiciones de cada uno de los clientes, las pérdidas en la mayoría de los casos fueron casi totales.

El escrito, elaborado por Ramírez en representación de un grupo de inversionistas, sostiene: “Es muy ilustrativo que en el referido proyecto de acuerdo, se condicione la restitución de los eventuales fondos de los inversores a la renuncia, por parte de estos, a la promoción de cualquier tipo de acción o reclamación contra la propietaria de la empresa corredora de Bolsa”.