Este martes habrá una nueva instancia judicial importante para Pablo Carrasco, socio fundador de Conexión Ganadera. Será una audiencia en la que se continuará el debate por la solicitud de concurso sobre él como persona que fue realizada por tres personas que arrendaron sus campos a Hernandarias XIII, una empresa satélite de Conexión Ganadera. El abogado de Carrasco, Fernando Vollono, dijo a El País que la solicitud está “incorrectamente fundada”. “En mi modesta opinión, pienso que debería naufragar inevitablemente”, resumió.

En la solicitud de concurso presentada, los abogados Santiago Alonso y Graciana Abelenda argumentaron que en el contrato de arrendamiento de los campos se estipula "la mora automática y solidaridad pasiva" en la que se pone "en pie de igualdad" a Hernandarias XIII, Carrasco y Gustavo Basso. Esto "con el fin de que sean los acreedores quienes tengan la libertad de elegir a cualquiera de los deudores solidarios para reclamar el monto total del crédito”.

En otra de las cláusulas, Basso y Carrasco "se constituyen como fiadores solidarios, renunciando expresamente al beneficio de exclusión". Los abogados aseguraron que sus clientes no cobran desde junio de 2024 y que el adeudo actualmente es de unos US$ 84 mil. Además, insisten en que deben devolverles los campos.

En una audiencia judicial ocurrida el 3 de abril, Vollono había pedido una prórroga argumentando que estaba en contacto con el síndico Alfredo Ciavattone para explorar la posibilidad de “un acuerdo”. En diálogo con El País, el abogado de Carrasco aseguró que si bien ellos intentan “colaborar” para que los acreedores “sufran la menor merma posible”, el gestor de la masa activa es el síndico. “Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni ninguna posibilidad de decidir sobre ese aspecto. Lo único que podemos hacer es colaborar con el expertise”, indicó.

Leonardo Mainé

A su vez, explicó los motivos por los que cree que no debe hacerse lugar a la solicitud de concurso necesario de Carrasco. Dio tres, a los que se suma que —según dijo— cuando alguien se presenta a solicitar un concurso, debe ofrecer una garantía o pedir su exoneración y eso no ocurrió.

Respecto al fondo del asunto, indicó que los peticionantes basan su solicitud en tres “presunciones relativas” que son equivocadas. La primera, sostuvo, es el hecho de que el establecimiento comercial cerró. “Acá hay un error sustancial. El establecimiento comercial que cerró fue Hernandarias, no el de Carrasco a nombre propio”, que es el que está siendo cuestionado, valoró. La segunda, es que los solicitantes sostienen que hay “créditos vencidos” puesto que Carrasco tiene un embargo cautelar de US$ 250 millones. “Hay una nueva confusión. No es un crédito vencido, es una medida cautelar”, consideró.

Por último, hizo énfasis en que el crédito de los tres acreedores “no aparece verificado” hasta el momento y que la ley exige que “la única forma de realizarlo judicialmente es que se acumule a un desalojo y nunca se inició”.

La posibilidad que manejaban, dijo Vollono, es que el síndico pudiera venderle el ganado que está en su campo a los acreedores. De esa forma, colaboraban para no perjudicar a la masa activa y a su vez, los dueños de los campos conseguirían “un plus que a ellos les sirve porque si no tendrían que salir a comprar en otras condiciones para poblar el campo”.

Trabajando con esos animales, podrían conseguir ganancias. “Probablemente puedan compensar parte de su crédito con el valor de ganado, por lo menos los créditos post concursales. Un campo despoblado es un campo improductivo”, resumió.