AUDIENCIA JUDICIAL

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El empresario y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, fue acusado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando en 2018. Su esposa, Paola Fiege, es investigada por dos delitos: lavado de activos y contrabando.

Balcedo y Fiege fueron interrogados ayer por el supuesto contrabando de autos de alta gama y maquinaria vial de procedencia argentina.

Los vehículos, valorados en un millón de dólares por la Fiscalía, son un Mercedes Benz Mc Laren, dos Porsche modelo Panamera y Boxter, un Chevrolet Camaro y las camionetas Ford Raptor, Land Rover Range y Dodge Ram, entre otros.

Balcedo y Fiege declararon en el marco de un proceso aduanero. En el interior, los jueces y los fiscales penales son multimaterias. Es decir, también actúan como representantes del Estado en procesos aduaneros o civiles.

Mediante la plataforma Zoom, Balcedo y Fiege declararon ante la Justicia y la Fiscalía por el supuesto ingreso irregular de los vehículos de alta gama. El fiscal Schubert Velázquez representó al Estado uruguayo, que pretende cobrar multas y recargos por el eventual contrabando de esos autos. Es decir, Velázquez ofició como un fiscal de Aduanas en el marco de un proceso ordinario.

En esta primera audiencia, Balcedo y Fiege podían confesar la infracción aduanera y luego pagar la multa que reclama el Estado uruguayo por la misma: un millón de pesos. Pero no reconocieron haber incurrido en contrabando, según las fuentes del caso. Ello determinará que se dilucidará en un proceso largo.

El abogado defensor de Balcedo y Fiege, Marcelo Domínguez, rechazó la posición del Estado uruguayo al señalar que no hubo contrabando por parte de la pareja.

Según el profesional, la tesis de la Fiscalía supone que Balcedo y Fiege residían en el chalet “Gran Chaparral” ubicado en Playa Verde y trajeron esos autos desde Argentina en forma irregular.

“No es así. Mis defendidos residían en Argentina y pasaban sus vacaciones en Uruguay”, sostuvo Domínguez.

Agregó que los coches de ciudadanos de otros países tienen un plazo de un año para estar en Uruguay.

“Es decir, esos vehículos estaban dentro de la franquicia” que otorgan las leyes uruguayas para los no residentes, señaló el asesor legal de los Balcedo.

El 2 de octubre de 2018, el director de la División Remates y Depósitos Judiciales, Fernando Repetto, pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado de 4° Turno, María Helena Mainard, el remate de siete autos de alta gama pertenecientes a Balcedo y a Fiege.

El documento, al que tuvo acceso El País, dice que tres autos incautados tienen matrícula argentina: los dos Porsche y la camioneta Land Rover.

Repetto afirmó a la jueza Mainard que, de acuerdo a la información que dispone la División Remates y Depósitos Judiciales, los vehículos fueron incautados y están a disposición de la sede desde el 30 de enero de 2018.

Mainard no hizo lugar al pedido.

En varias ocasiones la División Remates solicitó ante la Justicia poder subastar los bienes incautados de Balcedo y Fiege, pero la Justicia los rechazó, dijo Domínguez.

Hoy los autos de alta gama se encuentran bajo un cobertizo en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid). La Junta de Drogas adquirió un toldo especial para que el clima no los afectara.

Fuentes vinculadas a Balcedo cuestionaron la medida judicial adoptada, ya que a dos años de que se iniciara la formalización del proceso penal, el matrimonio argentino enfrentó la cárcel, el escarnio público y el remate de bienes.