Juicio a tres escribanos por supuestas maniobras en ventas de 33 lotes de propiedades de argentinos en el este

Un juicio penal contra tres escribanos y un particular por supuestas maniobras ilícitas con 33 terrenos costeroscomenzó este lunes en el Juzgado de Maldonado de 4° Turno. Los lotes, que se encuentran ubicados en los balnearios Eden Rock (Maldonado) y El Caracol (Rocha), pertenecían a argentinos.

En la acusación, la fiscal de 3^er Turno de Maldonado, Ana Roses, señaló que los profesionales, junto a otras personas, formaron parte de una "organización criminal" que se ocupó de detectar bienes inmuebles sin construcciones en zonas costeras de ambos departamentos, cuyos propietarios fueran extranjeros.

Los bienes, agregó, fueron adquiridos hace décadas y se buscaba aquellos que no tuvieran movimientos en los últimos tiempos.

Esta organización contó con la participación de distintos actores, donde cada uno tenía asignadas tareas específicas y que, de una u otra manera, permitieron llevar adelante las maniobras ilícitas, según la fiscal.

Lo que hacían era realizar ventas fraudulentas, con escrituras públicas de compraventa de los terrenos en los que los reales propietarios, todos de otros países, especialmente de Argentina, no tenían participación.

Según la fiscal Roses, los tres escribanos investigados actuaron de la misma manera: utilizando y en algunos casos "otorgando poderes falsos".

En la mayoría de los casos la maniobra consistía en vender los padrones a través de apoderados, en base a poderes realizados por un escribano. El primer comprador también era parte de la organización; luego este volvía a vender a precios muy bajos a alguien que era ajeno a toda esta trama.

La fiscal informó a la jueza de Maldonado de 4° Turno, Patricia Techera, que la misma mecánica utilizada en los padrones del balneario El Caracol de Rocha se usó con los lotes ubicados en el balneario Eden Rock de Maldonado.

"Los legítimos propietarios no otorgaron a las personas integrantes de esta asociación (delictiva) poder para enajenar sus bienes, así como tampoco comparecieron personalmente a dichos efectos. La gran mayoría de los documentos de identidad de los propietarios consignados en los poderes no coinciden con la realidad. En aquellos casos donde los documentos de identidad coinciden, los propietarios de los terrenos no estaban en el país en el momento de la firma del poder", afirmó la fiscal Roses en la acusación.

Según la Fiscalía, los profesionales incurrieron en reiterados delitos de documento público falso, falsificación ideológica de documento público por un escribano, estafa y asociación para delinquir.

La fiscal Roses consideró que, al mismo tiempo, un particular que integraba la banda incurrió en un delito de asociación para delinquir y estafa.

Con respecto a las sanciones penales, la fiscal pidió a la jueza Techera que condene a los escribanos a penas que van de cinco a siete años de penitenciaría.

Foto: Archivo El País.

La abogada de dos escribanas acusadas, Ana Irabedra, afirmó en el Juzgado de Maldonado que este proceso penal merece ser llamado el caso de "Los Poderes". Y agregó: "Creo que (el juicio) merece ese nombre, porque los bienes inmuebles fueron adquiridos por poder, fueron enajenados por poder, fueron ratificados por poder y fueron denunciados por poder".

Irabedra, quien también es escribana e integra el Instituto de Investigación y Técnica Notarial de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), afirmó que sus defendidas "comparecen injustamente" acusadas de múltiples delitos como uso de documento público, falsificación ideológica, estafa y asociación para delinquir.

Tras aclarar que sus clientas actuaron como lo haría cualquier escribano público, la abogada afirmó que la acusación fiscal "carece de fundamento" y agregó que, a lo largo de este juicio, "quedará probado" que sus defendidas no participaron de ninguna maniobra delictiva ni tuvieron conocimiento alguno de actos irregulares por parte de terceros.

"Sus actuaciones se limitaron, como lo hacen cientos de escribanos en nuestro país, a autorizar negocios jurídicos conforme a los instrumentos que se les presentaron y con sujeción estricta a la normativa notarial. (...) No intervinieron, como es usual, en el negocio que las partes ya habían acordado antes", afirmó Irabedra en el Juzgado.

Tras discrepar con la Fiscalía sobre la falsedad de los poderes, Irabedra dijo que al menos treinta propietarios no denunciaron la supuesta maniobra y no fueron consultados sobre si dieron poder. "Tampoco esas personas reclamaron haber perdido el inmueble; no hay pruebas de delitos", advirtió la profesional.

El abogado Leandro Arévalo, quien asesora a un tercer escribano acusado y a un particular, afirmó que la acusación de la Fiscalía se basa en interpretaciones e implicaría que cada persona que recurra a un notario solicitando sus servicios pueda, por este solo hecho, enfrentarse a una acusación fiscal en un juicio oral y peligrar no solo su libertad sino también su buen nombre.