Una abogada reclamó al Poder Judicial una indemnización de US$ 50 mil luego de que un funcionario que se desempeñaba en esa institución fuera condenado por dejar una nota amenazante en la vivienda de ella. La carta decía que iba a terminar como Mercedes Nieto y Pablo Cabrera, la pareja de abogados que murieron en un incendio en Maldonado, una causa en la que algunas evidencias apuntan a que la propagación del fuego fue intencional.

El vínculo entre la abogada y el victimario comenzó cuando ella defendió a la exmujer de él. La patrocinaba en un proceso de Familia Especializada en la que al funcionario público se le habían impuesto medidas de restricción de acercamiento.

En la nota amenazante que le dejó en el buzón de su domicilio, decía que la abogada sufriría en "carne propia el prejuicio y dolor que sus mentiras y engaños legales provocan, su familia entra dentro de la ecuación... Este prendió la mecha ahora espere las consecuencias". Junto con el mensaje, el victimario dejó fotos de diferentes familiares de la defensora.

La amenaza ocurrió el 13 de octubre y la abogada lo reportó ante la Policía. Allí declaró que sospechaba que el autor podría haber sido este funcionario porque ya le había mandado mensajes de texto en un tono parecido. Por eso, a los pocos días, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de él y encontraron que tenía una impresión en una hoja membretada con el logo del Poder Judicial. Se trataba del mapa de la ciudad de Canelones donde ocurrieron estos hechos, en el que estaba marcado el domicilio de la víctima.

También encontraron la ropa que había utilizado para llevar la nota al domicilio de la abogada, lo que se corroboró porque el hecho quedó filmado.

En el escrito presentado por la víctima para reclamar los US$ 50.000 al Poder Judicial, que se convertirá en demanda una vez que transcurra la audiencia de conciliación, la profesional expresó: "Él hostigó a su expareja, así como a profesionales de la educación y de la salud que se relacionaban con el hijo de ambos. Estando esto en conocimiento del Poder Judicial, no dispuso ninguna medida disciplinaria a nivel administrativo, ya sea una destitución, o cualquier otra medida provisional que impidiera que hostigue a más personas".

En el plano penal, el agresor fue condenado el 17 de octubre de 2024 por un delito de violencia privada especialmente agravado a la pena de seis meses de libertad a prueba. Se le impuso fijar domicilio, que se presente una vez por semana en una seccional, que preste 20 horas de servicio comunitario y se le prohibió el acercamiento y comunicación con la víctima.

Comete un delito de violencia privada quien "usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa". La pena va de los tres meses a los tres años de prisión. En este caso, se configuró en forma agravada porque se cometió a través de un escrito anónimo.

Por otra parte, la abogada informó, junto a otro colega, sobre esta situación al Colegio de Abogados del Uruguay (CAU). El colegio les solicitó que amplíen la información y manifestó que el tema estaba a consideración de la directiva.