AUDIENCIAS

Espionaje en democracia: fiscal indagó a 16 exjerarcas militares

Tras revisión de la carpeta investigativa, la Fiscalía pretende pronunciarse sobre el tema antes de fin de año.

militares fuerzas armadas
Los primeros en declarar en la Fiscalía fueron el brigadier general retirado de la Fuerza Aérea Mayo, y el general retirado del Ejército Wins. Foto: Nicolás Pereyra.

El 19 de setiembre de 2018, por unanimidad, la Cámara de Representantes resolvió elevar a la Fiscalía todos los antecedentes de la comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial en democracia a partidos y dirigentes políticos, sindicatos y organizaciones sociales de distinto tipo.

Al cierre de las sesiones varios legisladores se lamentaron de que, tras casi dos años de investigación parlamentaria, no se hubiera podido completar el trabajo con la información contenida en el llamado “archivo Castiglioni”, que es reservado y está bajo la órbita de la Justicia.

Dos años después de la presentación de la denuncia, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Enrique Rodríguez, ya interrogó en calidad de testigos a 16 exjerarcas militares sobre la eventual existencia de casos de espionaje realizados por efectivos de los servicios de Inteligencia del Estado (la entonces Dinacie e Inteligencia Policial) tras el retorno a la democracia. Pese a que las indagatorias fueron como testigos, los exmilitares podían asistir a las audiencias con abogados patrocinantes.

El fiscal también tomó declaraciones al exdiputado del PVP Luis Puig, y al diputado comunista Gerardo Núñez, que eran los miembros del oficialismo en la comisión investigadora sobre el espionaje militar y policial a partir de 1985.

El fiscal Rodríguez ya culminó con la etapa de interrogatorios a los exjefes de las tres armas. Esos testimonios serán sumados a la denuncia presentada por la Cámara de Representantes. El expediente de la investigación del Parlamento contiene más de mil folios.

Luego Rodríguez hará un revisión general de toda la actuación para determinar si necesita alguna nueva documentación o más testimonios antes de expedirse.

Consultado por El País, el fiscal Rodríguez respondió que pretende pronunciarse sobre el tema antes de fin de año.

Algo raro. 

Los primeros en declarar en la Fiscalía fueron el brigadier general retirado de la Fuerza Aérea José Mayo, y el general retirado del Ejército Francisco Wins, quienes estuvieron a cargo de los servicios de Inteligencia a fines de los años 90 del siglo pasado.

Asistido por el penalista Enrique Moller, Wins expresó que Inteligencia solo recolectaba información de “fuentes abiertas” (medios de prensa) y no realizaba tareas encubiertas de espionaje.

Después de Wins declaró el contraalmirante retirado de la Armada Óscar Otero, asesorado por el abogado penalista Nicolás Pereyra.

Otero también negó que se realizaran espionajes a dirigentes políticos en democracia.

Gerardo Núñez, legislador oficialista. Foto: Archivo El País
Gerardo Núñez, legislador oficialista. Foto: Archivo El País

Más expeditivo en la Fiscalía fue el capitán (R) Héctor Erosa, cuando relató su pasaje por el Batallón de Ingenieros de Combate N° 2 de Florida.

Recordó, por ejemplo, que el Casino de Oficiales había sido cerrado y que allí fue trasladado el archivo de Inteligencia por parte del entonces coronel Eduardo Ferro. Se trataba de muchas cajas que contenían material clasificado, dijo Erosa al fiscal Rodríguez.

Los audios de la audiencia de Erosa, a los que accedió El País de fuentes militares, revelan que el Casino de dicho cuartel ofició como un centro de Inteligencia.

En octubre de 1990, Erosa fue informado por el entonces oficial de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Florida, Julio Guarteche, de que “gente de Montevideo de Inteligencia” estaba operando en Florida.

Años más tarde, Guarteche ocuparía altos cargos en la Policía como director de la Brigada Antidrogas y de la Policía Nacional, entre otros. Falleció el 29 de junio de 2016.

Indagado por el fiscal Rodríguez sobre el motivo de la presencia de esos funcionarios de Inteligencia en Florida, Erosa respondió que no sabía qué hacían esas “personas con barba” y “algunas mujeres” en una pequeña ciudad del interior.

Sí expresó que el coronel Ferro había alquilado dos casas para esas personas y agregó que estas circulaban en varios autos por Florida.

“Va contra todas las normas (la presencia de esos civiles en un cuartel). No puede ingresar un civil a un batallón y salir cuando quiera. No sabíamos qué estaba haciendo”, insistió.

Consultado por el fiscal sobre el contenido de las cajas archivadas en el Casino de Oficiales, Erosa respondió que eran informes elaborados por analistas de Inteligencia.

Por su parte, el capitán (R) de la Marina Jorge Aníbal Saravia coincidió que los organismos de Inteligencia manejaban información pública.

Asesorado por el abogado Andrés Ojeda, Saravia reconoció ante el fiscal Rodríguez que se recopilaba información de prensa sobre actividades políticas, organizaciones sociales y sindicales. Y señaló que también se relevaban artículos sobre personas y sus declaraciones relacionadas con las actividades de estas organizaciones.

El fiscal Rodríguez indagó: “¿Sobre qué temas se recopilaba esa información?”. Saravia respondió que, por ejemplo, se recogían artículos de prensa sobre los actos del 1° de Mayo y dichos de los dirigentes sindicales sobre esos temas. “Eso se guardaba”, dijo.

También afirmó que se relevaban informaciones sobre las visitas de Fidel Castro a Uruguay. El fiscal quiso saber si esa información llegaba al ministro de Defensa, a lo que Saravia respondió: “Supongo que sí”.

Chantajes, infiltración y espionaje a políticos

La Comisión Investigadora de Diputados sobre espionaje de efectivos de Inteligencia a organizaciones sociales y dirigentes políticos desde 1985 a la fecha, inició sus trabajos en diciembre de 2016.

La creación de esta asesora surgió a partir de una denuncia del entonces diputado Luis Puig, tras informaciones brindadas por el periodista Samuel Blixen, en Brecha y datos recibidos por varios legisladores sobre presuntas evidencias de espionaje e infiltración de los servicios de Inteligencia, militares y policiales, en democracia.

Según el informe de la Comisión Investigadora, estas presuntas evidencias surgían de los trascendidos sobre el contenido del denominado “Archivo Castiglioni” -60 cajas con información de operaciones militares-, incautado en la casa del fallecido oficial, coronel Elmar Castiglioni.

“Este archivo contendría pruebas de la realización, en democracia, de espionaje, infiltración, seguimientos, chantajes, presiones y operaciones, contra partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, legisladores, oficiales militares, directivos de empresas públicas y altos cargos de gobierno”, sostiene el informe.

El diputado Gerardo Núñez, miembro de la comisión, contó a El País que se reunió con el fiscal Rodríguez. En ese encuentro, según Núñez, el fiscal elogió el trabajo parlamentario y dijo que se había podido “documentar el trabajo ilegítimo de espionaje”. Agregó que Rodríguez estaba “tratando de agrupar los posibles delitos”, que de acuerdo al análisis surgido en el Parlamento incluye un posible abuso de funciones.

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