Condenaron a 24 meses de libertad vigilada al dueño de la empresa Transhotel: deuda alcanzó los US$ 2 millones

La jueza suplente Bettina Dutter condenó al dueño de la empresa de viajes Transhotela la pena de 24 meses de libertad vigilada por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. Según informó el fiscal Fernando Romano en la audiencia que presenció El País, la compañía acumulaba una deuda de aproximadamente US$ 2 millones. La condena ocurrió a través de un acuerdo abreviado realizado entre la Fiscalía y las defensoras públicas del imputado, María Noel Rodríguez Nader y Bettina Martínez.

De acuerdo al relato fiscal, el condenado compró la empresa de viajes y a raíz de ello generó una deuda de US$ 200 mil con su anterior propietaria. Luego, llegó la pandemia de Covid-19 y los viajes se suspendieron prácticamente por dos años, hasta que se reactivaron en 2022. En esa fecha, la empresa sufrió un “colapso muy importante” porque no podía afrontar las obligaciones a la que se había comprometido.

Entre ellas, personas que habían comprado paquetes para ir a ver recitales al exterior —como el de Coldplay en Argentina— y otros viajes.

Allí se desató una especie de “corrida bancaria”, ejemplificó el fiscal. Esto se debió a que el primer viaje que tenía comprometido la empresa no ocurrió como estaba acordado. Terminó saliendo una semana después. Pero una de las personas subió un mensaje a Instagram acusando a la compañía de estafadores.

“Se produjeron incidentes que tuvieron repercusión pública”, recordó Romano, refiriéndose a momentos en los que acreedores ingresaron a las instalaciones y rompieron muebles y computadora. A partir del mensaje en redes sociales se generó una “gran corrida” y Transhotel cometió un “grave error” que fue cerrar sus puertas, aseguró el fiscal. “Cuando la gente vio que habían cerrado sus puertas, se sintió plenamente estafada”, explicó.

Todo lo ocurrido, dijo, generó una gran “frustración”. “Frustración que no se pudo levantar en virtud de que el Ministerio del Turismo y el Banco de la República, fundamentalmente, que iba a dar un crédito para que la empresa pudiera seguir funcionando, no lo otorgó”, detalló. El condenado iba a obtener préstamos de BROU e Itaú, pero “a consecuencia de una inspección que hizo el Ministerio de Turismo” se frustró. En esa inspección se confirmó que la empresa tenía “adeudos”.

Romano contó ante la jueza que, en determinado momento del caso, se reunió con las víctimas. Eran tantas que hacerlo en la Fiscalía era imposible, por lo que se terminaron juntando en el Club Welcome, a donde concurrieron más de 100 de ellas. Allí conoció cómo se habían frustrado los sueños de muchos de ellos, que habían invertido sus ahorros tanto para ellos como para sus hijos.

Luego, el fiscal advirtió: “Pensamos nosotros que, además de mal manejo empresarial, hubo situaciones que probablemente yo no las puedo probar, pero creo que hubo voluntades que no permitieron que Transhotel pudiera salir. Eso yo lo estoy diciendo, corre por mi cuenta, no hubo voluntades para que Transhotel o realmente el condenado pudieran acceder a un dinero que le hubiera permitido, vamos a ser claros, seguir produciendo los viajes y seguir los dineros permitiéndole continuar”.

El empresario fue condenado a 24 meses de libertad vigilada, en los que tendrá que ir a firmar a una seccional semanalmente y deberá hacer tareas comunitarias durante 10 meses. Romano recordó que “al principio del hecho”, “todos hubieran dicho ‘merece cárcel’. Era el grito”. En ese sentido, dijo que para él hubiera sido “más fácil” pedir la prisión preventiva que haber actuado como actuó. “Eso hubiera contemplado no solamente a las víctimas, sino también al grito”, explicó y agregó: “Sin embargo, mantuve una línea y la mantengo hasta hoy”. Recalcó que ahora, el dueño de la empresa está condenado y sobre su espalda pesarán antecedentes penales.

Por otra parte, pidió hacer una “aclaración” y destacó que su Fiscalía, que es de delitos de Flagrancia, hizo lo “humanamente posible” con el caso, que tiene más de 500 denunciantes, pero no “está en condiciones de poder analizar con todos los mecanismos de control un caso” de estas características.