Condenan a hospital y policlínica a pagar US$ 220.000 por mala praxis

CASO DE 2014

El 8 de octubre de 2014, una mujer de 36 años que estaba embarazada de 34 semanas falleció en el Hospital Británico (Montevideo) horas después de que le realizaran una cesárea de urgencia mientras estaba en coma. La madre, que era escribana, vivía en Treinta y Tres y estaba esperando a su primer hijo, quien fue concebido por fecundación in vitro (FIV) y suponía un embarazo de alto riesgo.

Ella era epiléptica, padecía diabetes gestacional -cuando el cuerpo no produce suficiente insulina durante el embarazo- y también sufría crisis de mioclonía esporádica -espasmos rápidos y súbitos, según la sentencia a la que tuvo acceso El País.

La alarma inicial, que desencadenó en la tragedia, fue el 29 de setiembre. Ese día el ginecólogo del Hospital Británico recibió los resultados del examen de proteinuria (proteína en orina) que es uno de los síntoma para la detección temprana de la preeclampsia, lo que luego sufrió la mujer y que derivó en una eclampsia que terminó con la muerte de la paciente. Estos trastornos hacen referencia a la hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y que pueden derivar en convulsiones y/o coma (eclampsia).

La víctima viajaba a Montevideo para tener consultas recurrentes con el ginecólogo y, ante los resultados, él no le dijo que viajara a la capital de inmediato, sino que le fijó una consulta para el 7 de octubre.

El médico no advirtió al laboratorio que la prospección era sobre una persona con embarazo de alto riesgo, tampoco le transmitió a la mujer la importancia del estudio -esto no se constó en la historia clínica- y no hubo un debido seguimiento de los resultados a obtenerse, todo lo que supone una mala praxis tal como señala la sentencia.

Fue así que nueve días después de que se conocieran los resultados la mujer tuvo un pico de presión sanguínea alta mientras estaba en su casa en la ciudad olimareña. A esto se sumó un “dolor epigástrico agudo”, “hinchazón de pies y manos” y la “edematización de su rostro”, los cuales son síntomas de preeclampsia severa con equivalentes eclámpticos. “Se trataba, literalmente, de elementos ‘que asustaban’, según palabras directas del perito Sosa”, indica la sentencia.

La mujer, en tanto, fue trasladada de urgencia al Instituto Asistencial Colectivo (IAC), ubicado en la capital del departamento a las 10 de la mañana.

Aquí también inician distintas versiones de los médicos involucrados. “(El ginecólogo y presidente del IAC) sostiene que (el ginecólogo de Montevideo) le impuso el traslado, cosa que éste niega. Afirmando, a su vez, que habría ordenado la cesárea en Treinta y Tres. No se puede saber con fehaciencia, entonces tenemos una discrepancia frontal. Por fuerza de la pura lógica, uno de ellos falta a la verdad”, detalla el documento del Poder Judicial.

El juez Alejandro Recarey asimismo parte de la base médica de que lo único que salva la vida de la madre con eclampsia es el cese inmediato del embarazo (algo que dijo el ginecólogo del Británico).

La mujer llegó a la puerta de emergencia del hospital de Montevideo en coma, también en parte porque no fue estabilizada en el centro asistencial de origen. “Si se la hubiera intervenido en la capital olimareña, habría habido muchas más chances de que ambos, madre e hijo, sobrevivieran”, puntualizó el juez Recarey.

Luego de cuatro años de que iniciara el proceso judicial, a manos del abogado Nicolás Pereira como representante de la familia, los tres médicos y sus empleadoras (las instituciones de salud) fueron condenados por negligencia e imprudencia a pagar US$ 220.000 a la familia de la difunta. Esta es la reparación por el daño moral causado en la familia -sobre todo el esposo y el hijo que ahora tiene ocho años- por la muerte de la mujer de 36 años. En definitiva, se los condenó por mala praxis.

“La familia está muy contenta con el fallo, consideran que se hizo justicia después de seis años de litigio”, expresó a El País el abogado Pereira. También dijo que llevarán el caso al comité de ética médica.

No obstante, los condenados apelarán a la sentencia del Juez Recarey, es decir que habrá una nueva instancia judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, la condena no quedó fija y aún los involucrados no deberán pagar la reparación.