UNA AMENAZA VACÍA

Entró al juzgado vistiendo una campera de lana marrón, un jogging gris y unos championes azules. “No metía miedo. Es una persona endeble”, relató una fuente que participó en la audiencia dirigida por la jueza Ana de Salterain, efectuada en el Juzgado de Crimen Organizado de la calle Bartolomé Mitre.

Allí también se encontraban el fiscal Luis Pacheco, y el abogado y exsenador del Frente Amplio, Óscar López Goldaracena, quien fue uno de los que sufrió las amenazas del “Comando General Barneix”, al que el imputado decía pertenecer. Sus defensores fueron los abogados penalistas Diego de Pazos e Ignacio Arispe.

Una fuente de la investigación señaló a El País que “no había elementos” que probaran que el hombre hubiera actuado en conjunto con otras personas en las amenazas del comando.

La audiencia demoró unos 20 minutos. La jueza De Salterain hizo lugar al pedido del fiscal Pacheco y procesó al detenido por un delito de violencia privada especialmente agravado por haberse cometido en forma anónima, a través de la fuerza intimidante de asociaciones secretas existentes o supuestas.

“Se entiende aplicable la figura de la violencia privada, por cuanto las amenazas -dirigidas entre otros a magistrados y abogados- tendían a obligar a estos a tolerar, hacer o dejar de hacer determinadas conductas en el ámbito de sus competencias”, sostuvo Pacheco en su pedido de procesamiento presentado ante la jueza.

El juicio se tramita por el viejo Código de Proceso Penal (CPP), ya que las amenazas realizadas por el supuesto “Comando Barneix” a jueces y abogados, entre otros, ocurrieron en 2017, meses antes de implementarse el nuevo código.

El jueves 2, a instancias de la fiscal Sylvia Lovesio, la Justicia imputó al hombre los delitos de instigación pública a delinquir, apología del delito, incitación al odio y almacenamiento de pornografía infantil.

Además dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

El hombre, de 34 años, ya había sido procesado en 2015 por incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas.

La causa conocida públicamente como Comando Barneix investigaba distintas amenazas a jueces, fiscales, abogados, activistas de los derechos humanos y personas públicas a nivel nacional a internacional.

El mensaje del comando, que amenazaba de muerte a 13 personas, fue enviado al entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos -hoy senador de Cabildo Abierto-, al diario La República, al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a correos electrónicos viejos de los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea.

La misiva decía que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. La aparición de ese supuesto comando conmocionó al sistema político y a la opinión pública.

El pedido de procesamiento del fiscal Pacheco, al que accedió El País, sostiene que existen elementos de convicción suficientes para entender que el hombre capturado es el presunto autor de las amenazas proferidas en 2017.

Aunque el indagado se negó a declarar, el fiscal dice que cuenta con “numerosos indicios concordantes e inequívocos” que conducen a atribuirle responsabilidad en los hechos.

Pacheco sostiene que surge “semiplenamente acreditado” que el indagado ha creado sucesivos blogs en internet con distintas denominaciones e interviniendo bajo diferentes nombres de usuarios, en los que realiza manifestaciones y reivindicaciones del mismo tenor que los mails del supuesto comando.

Afirma Pacheco en su escrito: “La similitud de contenidos, estilos de redacción, mayúsculas, puntuación, signos de exclamación y citas bíblicas” hace ver “evidente” que se trata de la misma persona.

En un allanamiento realizado en la casa del imputado en junio de este año por investigadores de Asuntos Internos, se incautó más de un millón de archivos.

Una pericia realizada por Policía Científica a ese material constató que se halló “gran cantidad de archivos relacionados con las personas destinatarias a las amenazas”, según dice también Pacheco en su pedido de procesamiento.

“Las pericias realizadas (por Policía Científica) constataron que el indagado tiene acceso en sus dispositivos al dominio (TOR, desde donde se realizaron las amenazas) e inclusive al momento de la incautación una de sus computadoras se encontraba utilizando dicho dominio, con un link al sistema de envío de mails, de la misma naturaleza que los utilizados en el hecho”, afirma Pacheco. Es decir, se cree que estaba por enviar otros mails amenazantes en el momento del allanamiento policial.

En sus conversaciones en blogs con un español de apellido Rodríguez, el indagado habló del Comando General Barneix, defendiendo sus postulados y refiriéndose a él mismo en tercera persona, informó el oficial del caso al fiscal Pacheco según consta en el pedido de procesamiento.

Previo a la segunda vuelta de las elecciones nacionales de 2019, el Comando Barneix reapareció enviando mensajes de WhatsApp a un número indeterminado de destinatarios.

“Surge que (esos mails) fueron enviados desde un número con característica de Brasil, y que en dicha fecha el indagado había concurrido a votar a Río Branco -frontera con Brasil- porque allí tiene establecida su credencial”, concluye Pacheco.

Entre el material incautado por Asuntos Internos había muchos archivos con pornografía infantil. En estos se podía ver a niñas atadas, violentadas, golpeadas y con inscripciones intimidatorias. El expediente sobre pornografía infantil fue derivado a la fiscal Lovesio, especializada en Delitos Sexuales y Violencia de Género, y que es paralela a las amenazas del Comando Barneix.

En el pedido de formalización de la investigación penal por estos delitos, la fiscal Lovesio indicó que el hombre tenía contacto con una “organización en el extranjero” y que mediante conversaciones dijo ser el autor de cinco homicidios contra personas trans que ocurrieron en Uruguay.

La representante del Ministerio Público expuso además que se hallaron mensajes de WhatsApp donde “se puede apreciar que habla de temas relacionados con explotación sexual de niños y de su intención de concurrir a países para casarse con niñas y poder raptarlas”.

También tenía fotos de Hitler, Franco, Pinochet, y de grupos neonazis o del Ku Klux Klan. Todas esas fotos, indicó Lovesio estaban “contextualizadas en opiniones de contenido ideológico y contra el orden público y en total apartamiento de la legalidad”.

El imputado decía provenir, en varias publicaciones, del Imperio Céltico Goneliense, del que se preocupó de difundir una “Constitución”, y del que se presentaba como presidente. En esa tierra ficticia estaban prohibidos el aborto, los métodos anticonceptivos y las “degeneraciones sexuales”.

Amenazas fueron contra 13 personas

Las personas que figuraban en la lista de amenazas del “Comando General Barneix” eran el exministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la exfiscal y luego directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, la profesora y exvicecanciller Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Pedro Barneix fue, junto al general Carlos Díaz, integrante de una comisión interna del Ejército a la que el expresidente de la República, Tabaré Vázquez encomendó -durante su primer mandato- investigar sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura militar.

En setiembre de 2015, fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrió en 1974, cuando ya estaba instalado el gobierno de facto.

Cuando un policía llegó a su casa para conducirlo a la cárcel, Barneix se había suicidado.