Caso del narco prófugo: estafador cobró 100 mil dólares por documentos falsos

La fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero,indagó ayer a la abogada del narcotraficante fugado Juan Antonio González Bica, su pareja, un estafador y su pareja y un ex preso por homicidio que utilizó un documento apócrifo para salir de la cárcel.

Según supo El País, el accionar del falsificador de documentos data de por lo menos cinco años y sus “servicios” fueron utilizados por un grupo de abogados -aún no trascendieron sus nombres- para presentar supuestos escritos del Instituto Técnico Forense y de especialistas médicos con el objetivo de lograr excarcelaciones de delincuentes con largas condenas.

Fuentes de la investigación dijeron a El País que el falsificador, radicado en Maldonado, cobraba hasta US$ 60.000 para “crear” documentos del Instituto Técnico Forense y clínicas y agregaron que a González Bica le exigió un pago de US$ 100.000 por los papeles que le permitieron salir de la cárcel y beneficiarse de un régimen de prisión domiciliaria. Luego rompió la tobillera y escapó.

Pero Ferrero no es la única fiscal que investiga falsificaciones de documentos presentados en la Justicia Penal. Una Fiscalía de Flagrancia también indaga un escrito apócrifo presentado por un abogado.

No es el único caso. Entre los detenidos hay un individuo que enfrentaba una condenada por homicidio y también quedó libre en un corto tiempo. Se sospecha que también recibió una “ayuda” del estafador, dijo una fuente del caso a El País.

De todas formas, el “modus operandi” del estafador hoy detenido no solo se circunscribió al Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno o a fiscalías de Montevideo, sino que sus “informes periciales” también fueron incluidos en expedientes en juzgados de San José y Canelones, señalaron fuentes del caso.

A las 15:30 horas de hoy, se realizará la audiencia de formalización de la investigación sobre el caso en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno, cuya titular es la jueza María Helena Mainard. La fiscal Ferrero y sus adscriptas Gabriela Fernández y Patricia de Amorín, podrán solicitar a Mainard la formalización de la investigación para el delincuente por delitos de falsificación de documentos. Es posible que también pida la formalización de la investigación para la profesional detenida por un delito de fraude procesal, al presentar documentos falsos en un Juzgado Penal.

Antecedentes

El falsificador tiene un frondoso expediente que se inició en 2006 cuando se hizo pasar por médico y atendió en un hospital de Montevideo.

Más acá en el tiempo, portaba un carnet falso de abogado, representaba a clientes y pedía a profesionales amigos que firmaran sus expedientes porque “estaba inhabilitado” por la Suprema Corte de Justicia.

Sus “dotes” para engañar no tienen techo. También hizo “trabajos” como investigador privado buscando pruebas para abogados en juicio o de infidelidades. No obstante, su veta más peligrosa saldría a la luz en ju-nio de este año en un confuso episodio ocurrido en Maldonado.

El secuestro

El 15 de junio pasado, el estafador estaba realmente molesto con un “constructor” que le había cobrado US$ 3.000 a su madre para edificar una cabaña y no había concretado el trabajo.

Tras semanas de excusas, el constructor pensó que sus víctimas lo habían dejado en paz. Es decir, se trató de una puja entre dos estafadores seriales porque el caso del constructor había salido en el programa Santo y Seña de Canal 4. Había dejado un tendal de víctimas que añoraban tener una casa.

Sin embargo, el estafador hoy detenido a pedido de la fiscal Ferrero no dejó las cosas en tablas. Junto con otros dos hombres -uno de ellos está sin identificar- salieron en un BMW desde Montevideo en busca del constructor que reside en Maldonado.

El grupo de hombres sabía el nombre y apellido del constructor. El contrato que había firmado el constructor con la madre del estafador especificaba la construcción de dos dormitorios, una cocina, un baño y una barbacoa. Sin haber hecho una denuncia, y con el objetivo de ejercer justicia por mano propia, los implicados se acercaron hasta un refugio en Maldonado en el que presumían se encontraba su objetivo. No estaba allí, por lo que se acercaron hasta un centro asistencial de la zona donde estimaban podría estar el constructor buscado.

El hombre trabajaba en el lugar como portero y se encontraba en aquella tarde de junio, en el vestuario del lugar. Cuando los cuatro atacantes llegaron, no mediaron palabra con él y lo sacaron a la fuerza de su lugar de trabajo. Desde allí lo metieron al BMW y comenzaron a alejarse hacia las afuera del departamento.

Según las pruebas que extrajo la Fiscalía de los teléfonos celulares de los implicados, allí lo golpearon y lo amenazaron. “Te vamos a matar”, le decían. Más tarde lo liberaron sobre una zona oscura de la ruta, no sin antes robarle su ropa, los championes y un teléfono celular. Según declaró, la víctima tampoco hizo la denuncia por miedo.

El segundo incidente ocurrió cinco días después, el 20 de junio pasado, cuando los implicados contactaron a la supuesta empresa que los había estafado. Para esto crearon un perfil de Facebook falso y coordinaron una reunión con dos responsables de la página.

La cita era en el camino Lapataia, a pocos kilómetros de la Ruta 12, hasta donde se acercó una mujer y un hombre. Ambos se presentaron como miembros de un emprendimiento que construía cabañas.

Cuando llegaron fueron interceptados por el estafador hoy detenido y otros tres hombres, quienes comenzaron a reclamarle los US$ 3.000 entregados. Estaban armados y preguntaban por el constructor. La mujer que se acercó al lugar aseguró ser pareja de quien buscaban los secuestradores y se ofreció a contactarlo para resolver los problemas.

Los implicados accedieron, pero para esto decidieron secuestrar a la mujer de 35 años y dejar en libertad al hombre de 40. Este último debía ir a buscar el dinero, pero en su lugar realizó la denuncia ante la Policía.

El estafador devenido en secuestrador fue formalizado por la Justicia de Maldonado por un delito de secuestro y privación de libertad, entre otros ilícitos. Dos meses más tarde estaba libre con una tobillera. Se investiga si el delincuente utilizó documentos falsos para salir en libertad.