La Oficina de Sumarios del Ministerio del Interior investiga la responsabilidad administrativa de cuatro oficiales de alta graduación, quienes revistaban en el 2003 en la Dirección de Seguridad y en la Dirección de Investigaciones de Montevideo.
El 1º de junio de ese año, fue encontrado con un tiro en la cabeza el cuerpo aún con vida del agente de 2da., Pablo Fernández (24) dentro de una camioneta policial volcada en la banquina del Camino Carlos A. López y el arroyo Miguelete. El agente falleció 24 horas más tarde.
El jueves 27, el presidente interino de la República, Rodolfo Nin Novoa, en acuerdo con el ministro del Interior, José Díaz, firmó la destitución de cinco policías que trabajaban en la época en dicha comisaría por cometer "graves irregularidades". Entre los efectivos destituidos se encontraba un comisario.
En el segundo punto de dicha resolución se decretaba el sumario administrativo para los jerarcas que, en aquel momento, ocupaban cargos de responsabilidad en la Dirección de Seguridad y en la Dirección de Investigaciones, indicaron altas fuentes ministeriales y policiales.
Los oficiales sumariados son un inspector mayor, dos comisarios inspectores y un oficial subayudante. El inspector mayor estaba a cargo de la Dirección de Seguridad cuando ocurrió la muerte de Fernández en el 2003.
Este jerarca policial deberá deslindar responsabilidades sobre si adoptó medidas de contralor sobre la comisaría. Una situación similar le cabe a un comisario inspector, quien estaba a cargo de la Zona II de la Dirección de Seguridad. La Seccional 17ma. integra esta zona.
Mientras que el otro comisario inspector sumariado deberá explicar los alcances de la investigación que realizó sobre la muerte de Fernández. En tanto que el oficial subayudante es investigado por su vinculación con meretrices, transportarlas en vehículos oficiales e introducirlas sin motivos en la sede de la Seccional 17.
Perfil
Uno de los jerarcas policiales sumariados por las irregularidades cometidas en el 2003 en la Seccional 17ma. enfrenta otro sumario. Se trata de una investigación administrativa por la fuga del Penal de Libertad del narcotraficante israelí Yehoram Alal (33) y Julio
"Cotorra Loca" Guillén ocurrida el 4 de octubre de este año. Por este tema, la Justicia Penal de San José procesó con prisión a un oficial guardiacárcel y un sargento.
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