Investigación por muerte de policía da un giro inesperado

Dos policías, un militar, un ex militar, dos prostitutas y una persona sin antecedentes penales declaraban ayer ante el juez Penal de 12do. Turno, Ricardo Vernazza y el fiscal Enrique Moller por la muerte del agente de la Seccional 17ma., Luis Paulo Fernández (24), ocurrida en mayo del 2003.

Tres meses antes de morir asesinado por sus compañeros de comisaría, Fernández comentó a su madre, Olga Bazzán que en la jurisdicción de dicha seccional funcionaba una mafia de policías, militares y delincuentes.

Esta gavilla estaba involucrada en tráfico de drogas, robos, contrabando, trata de blancas y desguace de autos robados en los barrios Gruta de Lourdes, Manga, Casavalle y Piedras Blancas.

"Mi hijo tenía los nombres de los policías corruptos en una agenda negra y en un diskette. Ese material desapareció de su casillero el mismo día de su muerte", dijo a El País la madre del Fernández.

Antes de morir asesinado, Fernández afirmó a otro agente de la Seccional 17ma. que declararía la verdad ante la Justicia sobre el crimen de Marcelo Paradella. En marzo de 2003, el compañero de Fernández ultimó a Paradella, un residente del barrio que casualmente caminaba por el lugar, y fue baleado al ser confundido con un rapiñero, según surge de la investigación.

Una vez que se percató del error, el policía le colocó un arma en la mano de Paradella para simular un enfrentamiento a tiros. Meses más tarde, este agente fue procesado con prisión por un delito de homicidio.

Para evitar que estas prácticas trascendieran a la Justicia, varios compañeros de la Seccional 17ma. "suicidaron" a Fernández en la madrugada del 31 de mayo del 2003. Doce días antes de declarar ante el juez por el caso Paradella.

HOMICIDIO. Esa noche, el policía Luis Paulo Fernández fue encontrado inconsciente pero con vida por otros efectivos. Falleció 24 horas más tarde en un hospital.

Tenía una herida de bala en la cabeza. Estaba caído al volante de una camioneta de la Seccional 23ra. debajo de una alcantarilla situada en la Avenida Carlos A. López y el arroyo Miguelete. Su revólver estaba en una de sus manos.

Desde un primer momento, las hipótesis policiales se centraron en el suicidio de Luis Fernández

Pese a que hay un gran hermetismo a nivel policial, fuentes judiciales informaron que, esa noche de mayo del 2003, Fernández fue invitado a una despedida en el bar "La Cueva", cuyos propietarios eran un militar en actividad y un militar retirado.

El bar funcionaba en una casa situada en Avenida Belloni entre Domingo Arena y Previsión. Allí se reunían policías de la Seccional 17ma., militares y prostitutas. El bar cerró 15 días después de la muerte del agente Fernandez.

Según las fuentes, el policía ultimado no dudó en concurrir a la reunión. Durante el encuentro, varios efectivos corruptos de la Seccional 17ma. lo conminaron a que no dijera nada a al Justicia de lo que ocurría en esa comisaría, según las fuentes.

En un momento de la discusión, un sargento de la Seccional 17ma. sacó su arma y se escuchó un disparo. El cuerpo aún con vida de Fernández fue envuelto en una tela de una mesa de billar y colocado detrás de un mostrador durante mas de 10 horas. El agente moriría horas después de ser encontrado en una camioneta policial.

Policía Técnica encontró en la vivienda que ofició de bar restos de sangre humana, aunque la degradación de la misma impidió realizar pruebas de ADN.

CAPTURA. Según fuentes judiciales, la familia de Fernández nunca quedó conforme con el diagnóstico de suicido efectuado por los investigaciones policiales y planteó, en estos dos años, que el caso fuera reabierto.

En mayo de este año, el nuevo Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo, dirigido por el inspector Principal (R) Ricardo Bernal, decidió abrir la investigación y encomendó la tarea al jefe del Departamento de Operaciones Especiales (DOE), comisario inspector Roberto de los Santos.

En el complejo expediente también se analizan las muertes de Paradella y de un delincuente ocurridas dentro de la jurisdicción de la Seccional 17ma. El delincuente fue "ajusticiado" por un militar del Regimiento de Infantería No. 4.

Un sargento de dicha comisaría, que ayer declaraba ante el juez Vernazza, habría alterado la escena del crimen cometido por el militar para que la muerte del delincuente pareciera un ajuste de cuentas entre malvivientes.

Oriundo de Rivera, Luis Paulo Fernández siempre tuvo la fantasía de ingresar a la Policía.

No bebía. No se drogaba y no tenía deudas. Carecía de motivos para deprimirse. Ademas, poseía un elevado sentido de la honestidad.

Su madre, Olga Bazzán dijo que, unos tres meses antes de ser ultimado, lo vio abatido. Fernández le narró lo que ocurría en la comisaria.

Tambien le mencionó que si algún día no retornaba a las 10 de la mañana de la seccional, que se presentara ante la Justicia con el material que poseía el diskette y su agenda que se encontraba en un casillerro de la comisaría.

Las últimas semanas antes de morir, Fernández sintió mucho miedo. Se alteraba cada vez que sonaba el teléfono.

"Dormía a los pies de mi cama y con el arma debajo de la almohada. Sabía que lo podían matar en cualquier momento", explicó la madre del agente ultimado.

En esos días, Bazzán le planteó a su hijo que informara a la Justicia sobre el accionar delictivo de la mafia que operaba en la Seccional 17ma.

Pero el agente nunca concretó la denuncia, ya que los agentes corruptos lo habían amenazado con matar a su madre si se presentaba ante un magistrado.

El caso de Aurelia María Mateos Altezor (60) una abortera clandestina a investigarse el 16 de abril de 2001, a raíz de una denuncia de desaparición sobre Silvia Funes (26), una ciudadana argentina.

En noviembre de ese mismo año se descubrió el cuerpo de Funes enterrado a los fondos de una clínica clandestina en Pérez Montero y Gil en la zona de Piedras Blancas.

La joven había fallecido durante la intervención y Aurelia Mateos Altezor.

El magistrado resolvió la remisión del comisario al mando de la Seccional 17a. y de otro policía de la misma seccional por estar vinculados y recibir coimas de las clínicas clandestinas de la zona.

También fue remitido el jefe del Departamento de Orden Público de la Dirección de Investigaciones, de una sargento primero también de la Dirección de Investigaciones, y de un agente de la Seccional 18a. de Canelones.