RELACIONES TENSAS

Pidieron reunión urgente al presidente Vázquez para negociar cambios.

La discusión se reduce a un tema de plata. Pero el fondo del debate es político. Las intendencias requieren de fondos del gobierno nacional para poder ejecutar gran parte de su presupuesto. La mayoría de las intendencias están en poder de los blancos, mientras el gobierno nacional está al mando del Frente Amplio desde 2005. Sin embargo, el reciente movimiento de productores rurales autoconvocados que se formó en el inicio del 2018 cuestionó fuertemente la política llevada adelante por el gobierno de Tabaré Vázquez y pidió medidas para poder apalear la situación económica que señalan como "delicada".

Ese grupo recibió el apoyo de los principales dirigentes del Partido Nacional y de gran parte de los intendentes blancos. En los últimos días el Poder Ejecutivo definió una serie de medidas, entre ellas la reinstalación de una rebaja a la contribución inmobiliaria rural que había sido eliminada en 2015 para descomprimir la presión tributaria.

Esto molestó a los intendentes nacionalistas que lo interpretaron como una presión política desde el gobierno frenteamplista ante su apoyo a los productores rurales autoconvocados que conformaron el grupo "Un solo Uruguay", comentaron a El País cuatro dirigentes del Partido Nacional.

Ayer en la reunión del Congreso de Intendentes los blancos presentaron la molestia y plantearon dos asuntos. El primero fue solicitar una reunión con el jefe de Estado de carácter urgente, donde poder tratar el tema. El segundo punto fue emitir una declaración manifestando su enojo con la decisión del gobierno frenteamplista.

El Congreso de Intendentes funciona con un régimen de consenso absoluto para poder tomar decisiones. Como los intendentes frenteamplistas se opusieron a la declaración, solo se logró aprobar el pedido de reunión a Vázquez que oficializará el presidente del organismo, el nacionalista José Luis Falero de San José.

A pesar de eso, las doce intendencias gobernadas por el Partido Nacional emitieron una declaración donde dejan en claro su disconformidad con lo anunciado por Vázquez el lunes cuando visitó la sede del Ministerio de Ganadería. Ese día fue insultado por productores rurales lo que desató su enojo y reacción cuestionando fuertemente a los manifestantes.

"Destaca que la inversión en caminaría rural de las 12 intendencias (a cargo del Partido Nacional) asciende a más de 1.800 millones de pesos anuales, siendo esta cifra significativamente superior a la recaudación total por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural (que es de 1.530 millones de pesos)", señala la declaración de los blancos, argumentando que las obras departamentales serían imposibles de cumplir sin el apoyo del gobierno nacional.

La decisión de Vázquez sorprendió a los intendentes blancos ya que afecta los presupuestos de obras que habían diseñado para este 2018. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, explicó que la medida lleva a una pérdida de dinero que la estimó en unos US$ 1.600.000.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, dijo a El País que lo que más sorprendió es que la decisión se haya tomado de forma unilateral y sorpresiva sin antes conversarlo en el ámbito del Congreso de Intendentes.

Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se han monitoreado los fondos provenientes del gobierno nacional a las intendencias, y señaló que hay varios gobiernos departamentales que están atrasados en su ejecución. A su vez el director de la OPP, Álvaro García, explicó que "desde el año 2005 no ha habido dificultades financieras" y reconoció que "quizás en otro momento sí las hubo".

El intendente de Florida Carlos Enciso dijo que la noticia fue como un "balde de agua fría" ya que obliga a todas las intendencias —incluyendo las frenteamplistas— a reacomodar los presupuestos y programas sociales.

"El gobierno de una forma muy sutil le está sacando recursos a la obra pública del interior para transferirlos a los productores. Es un mecanismo bastante injusto porque en algún aspecto se van a resentir varios planes", dijo el intendente, quien adelantó que varios jerarcas comentaron ayer que ya han anunciado que deberán suspender la compra de maquinaria, entre otras cosas.

"Apoyaron la esencia de la proclama de los autoconvocados, pero en algún sentido se está llevando a una situación de buscar enfrentarnos con ellos. Porque nos pone en un escenario donde los intendentes quedamos molestos con una decisión que fue resuelta para estos productores rurales. Creemos que no es la forma", dijo.

En la reunión de los intendentes el jefe comunal de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo que es importante establecer caminos de diálogo para buscar soluciones que sirvan para todos. El intendente que responde políticamente al Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio, apeló a que se busquen salidas negociadas.

Pereyra dijo que es importante resaltar que en los últimos 12 años se han logrado avances en cuanto al reparto de fondos para las intendencias que antes no se lograban.

Artigas, Lavalleja, Maldonado, Salto. En todos esos departamentos, los intendentes decidieron emplear de forma directa a algunos de sus familiares. Su argumento es que necesitan gente de confianza porque son cargos claves. Esto desató la polémica por los acomodos de familiares. Ante esto la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) intervino analizando cada uno de los casos y advirtió a los jerarcas departamentales de desvíos de la norma que regula la contratación de personal.

Las autoridades de la Jutep enviaron un escrito notificando a cada una de las intendencias para que reviertan la situación. Sin embargo el único que hasta ahora decidió dar marcha atrás con la contratación de familiares fue el frenteamplista Andrés Lima de Salto.

El resto de los intendentes blancos dijo que por el momento no tiene pensado pedirle la renuncia a sus familiares. El de Artigas, Pablo Caram, aclaró a El País que su decisión se ajusta a la norma ya que el decreto que regula esas contrataciones establece la prohibición para familiares de primer y segundo grado sanguíneo.

A pesar de eso aclaró que si se modifica la norma y comprende a sus familiares que trabajan en la Intendencia, él está dispuesto a pedirles la renuncia. A su vez puntualizó que el sábado pasado conversó telefónicamente con su nuevo líder, el senador Luis Lacalle Pou. "Él me llamó el sábado y me transmitió que contaba con su apoyo", dijo el intendente de Artigas.