INE admitió "subestimación de obstáculos" para ejecutar Censo

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El INE asumió ayer los "errores" de gestión y planificación en la ejecución del censo, que duró casi cuatro meses más de lo previsto. La oposición habló de "fracaso" y el oficialismo defendió a las autoridades.

"Subestimación de obstáculos". Así resumió la directora técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE), Laura Nalbarte, parte del porqué de la demora y las dificultades en el proceso de ejecución del último censo poblacional, iniciado en septiembre de 2011 y culminado en enero de 2012. Agregó que asume "los errores de gestión y planificación", aunque ello no le quite calidad al producto obtenido. Lo hizo ayer ante legisladores de todos los partidos en la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, adonde asistió convocada por el Partido Nacional. También lo incluyó en un power point que compartió en el Parlamento, que contiene además una rendición de cuentas de los gastos y un resumen de los principales datos obtenidos con el relevamiento (ver cuadro).

Nalbarte dedicó cuatro de las 67 páginas del documento de evaluación para el capítulo de autocrítica, al que llamó: "Lecciones aprendidas". Allí explica que el censo 2011 fue un paso adelante, ya que la metodología utilizada permitirá una vida útil más extensa de los datos. En primer lugar ubicó a la "comunicación" en la lista de "problemas" identificados. Reiteró haber cometido un error en identificar al mes de septiembre como "mes del censo", lo que también se convirtió en un obstáculo ante el "mundo político" y el "periodismo".

En el documento al que accedió El País, la jerarca asegura que además de una "subestimación de obstáculos" faltaron planes de contingencia ante la deserción de personal. También identificó como un problema la "baja coordinación" política para "sostener" el censo como un "proyecto nacional".

Ante las consultas de los legisladores, la directora del INE explicó que la empresa ganadora de la licitación (Stavros Moyal y Asociados) no se encargó del reclutamiento y capacitación del personal para ejecutar el trabajo de campo, sino que dio el servicio para gestionar los recursos y realizar los pagos por las tareas. Ello ocurrió por demoras burocráticas en los procesos, y obligó al INE a asumir la tarea. Las demoras obligaron al Poder Ejecutivo a realizar una contratación directa con la misma empresa (por medio de un decreto con fecha 17 de febrero), un pago adicional de $ 1.230.000.

Por otra parte reconoció problemas con los aparatos para censar y la conectividad.

Las respuestas no conformaron a la oposición, que habló de fracaso y pidió responsabilidades políticas. El oficialismo, en tanto, se quejó de los pedidos de renuncia y respaldó al INE.

En la exposición, Nalbarte informó que producto de una proyección de las personas no censadas ("omisión"), el dato total de habitantes manejado en enero pasó de 3.251.526 a 3.347.614, unos 96.000 más.

En el final del proceso, al dejar de lado los dispositivos móviles importados de Brasil, se utilizaron planillas de papel. También fueron censadas 400 personas por teléfono, entre las que se encuentran aquellas no ubicadas en sus hogares por los censistas.

A juicio de la jerarca, la información del censo es "buena" y es "producto de una institución creíble construida por una larga tradición de autonomía técnica".

"No sería prudente desacreditar un operativo tan útil y valioso para el país como el censo y con ello una credibilidad institucional histórica a partir de manejos incorrectos y sobredimensión de inconvenientes", consideró. Sugirió además que el organismo estatal debería contar con "mecanismos ágiles" para contrarrestar las críticas "infundadas, desinformadas y destructivas".

Reconoció Nalbarte que durante la tormenta de críticas a la ejecución del censo barajó la posibilidad de cambiar la estrategia, pero a la luz de los hechos cree haber tomado "el camino correcto".

INE detalló haber gastado en el censo $ 279 millones, lo que implica $ 83 por habitante.

Parte del debate en las más de tres horas de reunión se centró en la confiabilidad de los datos y el prestigio del INE. Mientras el gobierno insistió con despejar de la discusión la calidad de los datos, legisladores blancos estimaron que el procedimiento del censo daña la imagen del organismo.

Para el diputado nacionalista Pablo Abdala (Lista 66) las demoras generaron "desprestigio" y "consecuencias institucionales" al INE, más allá de la validez de los resultados.

La diputada Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional), en tanto, separó la "credibilidad" del organismo y su equipo técnico, pero pidió "responsabilidades políticas".

El diputado blanco Jorge Gandini (Alianza Nacional) calificó como "muy sincera" la exposición de la directora del INE. Valoró que haya asumido los errores que, a su juicio, tienen la causa en la planificación. "Fue fracasando en cadena, en cascada, y toda la responsabilidad es del INE", dijo Gandini a El País. "Buena parte en la falla en la contratación de los recursos humanos también tuvo que ver con los problemas tecnológicos y de planificación. La gente agarró porque se le dijo que iba a ganar $ 12.500 en un mes, pero muchos no tuvieron el trabajo previsto y recibieron menos de lo que esperaba", agregó el diputado. Para Gandini también hubo imprevisión al no contratar gente "antes" que las demoras estaban consumadas. Nalbarte reconoció en ese momento, según el diputado blanco, que cencistas salieron a trabajar en diciembre sin capacitación. "Iban aprendiendo en la marcha", respondió la directora. "Ahí hay problema de gestión y de diseño original", cuestionó el diputado blanco.

El diputado del Partido Socialista Gustavo Bernini dijo que la reunión estuvo "muy bien", porque quedó claro que las críticas estuvieron centradas en el relevamiento de la información, y la directora planteó cuáles podrían ser los errores.

"En lo que no hubo dos opiniones es en cuanto a que la realidad de los resultados no estaba cuestionada", declaró el legislador del oficialismo.

El también socialista Julio Bango informó ayer en la comisión que la Organización de Naciones Unidas, por medio del responsable del Fondo de Población, Fernando Filgueira, destacó la calidad y confiabilidad de los datos del censo.

El uso de la red social Twitter por parte de los legisladores también generó rispidez entre el oficialismo y oposición. El Frente Amplio se quejó de las críticas que legisladores blancos y colorados lanzaban a través de sus cuentas.

"Para la directora del INE hubo errores operativos, como si fueran algo marginal. Pero todo el país sabe que el censo fue un fracaso total", publicó Abdala en Twitter.

"Le vas a decir a la gente que los datos son de mala calidad cuando pasa lo contrario? Ojo! Eso es irresponsable", rebatió Bango.

"A veces se abusa de elementos tecnológicos que desvirtúan las reuniones", concluyó Bernini.

El Parlamento votó una partida de $ 280 millones para realizar un censo, de los cuales se ejecutaron entre contratos, insumos, publicidad y logística $279.115.202.

La empresa que ganó la licitación se encargó del pago a los censistas pero no del reclutamiento y la capacitación, como estaba previsto, producto de demoras burocráticas; lo asumió el INE.

Se precisaban 7.000 voluntarios para la tarea de campo, se presentaron 42.000 pero poco más de 6.000 iniciaron el trabajo.

El conteo se inició el 1° de septiembre 2011 con la entrevista al presidente José Mujica, y se extendió hasta el 12 de enero de 2012.

Las demoras obligaron a las autoridades a acudir a planillas de papel, y se estima que 400 personas fueron censadas por teléfono.