Hay preocupación en Estado por la nueva ley de tercerizaciones

S. CABRERA / R. TOURIÑO

La nueva ley de tercerizaciones afectará al propio Estado. Así lo interpretan autoridades de empresas públicas e intendencias, que han hecho consultas a sus departamentos jurídicos y al Ministerio de Trabajo sobre el alcance de la ley.

Al igual que pasa con las cámaras empresariales, en los entes y gobiernos departamentales con servicios tercerizados hay "preocupación" por saber "cuáles son los límites jurídicos" de la norma, dijo a El País una alta fuente del Ministerio de Trabajo. La propia Intendencia de Montevideo realizó una consulta concreta al Ministerio para tener claro en qué casos debe ser responsable "solidario" de las contrataciones que realiza, dijo la fuente.

El tema ya ha causado problemas en la salud. A fines del año pasado, la dirección del Hospital Pasteur logró asegurarse los recursos para construir un nuevo ascensor y para hacer obras de reparación en su antigua fachada. Pero el equipo del centro nunca pensó que la ley laboral complicaría la ejecución de las obras.

Fuentes del hospital aseguraron a El País que existe mucho temor en la Comisión de Obras por los efectos de la norma que regula las tercerizaciones, y que este factor retrasó los trabajos previstos.

"Los miembros de la comisión creen que si sobreviene un juicio de algún trabajador de las empresas de construcción contratadas, deberán responder con su propio patrimonio", confió un integrante del equipo de dirección. Ahora, el hospital gestiona ante la división jurídica del Ministerio de Salud un documento en el que conste que, frente a un reclamo, la cartera se haga responsable por la contratación de las empresas.

Pero también existen temores en los procesos de licitación de medicamentos, ya que muchas veces se contrata a laboratorios que trabajan a su vez con empresas tercerizadas. "Ojalá se pueda clarificar el alcance de la ley, porque puede dar lugar a perjuicios para el Estado", confiaron las fuentes. Múltiples servicios de los hospitales de Salud Pública son cubiertos mediante tercerizaciones, en particular las tareas de mantenimiento, vigilancia y lavaderos.

CASOS. La intendencia de Montevideo también ha consultado a su departamento jurídico para ver los pasos a seguir, informó la directora comunal Hyara Rodríguez. La jerarca admitió que el panorama terminará de estar claro si la ley se reglamenta: "Supongo que habrá una reglamentación, el gobierno discute qué va a hacer con el tema".

La intendencia de Canelones estudia el asunto y espera novedades acerca de si la ley será modificada o reglamentada, sostuvo Jorge Cerdeña, responsable del departamento jurídico de la comuna. En Canelones está tercerizado el servicio de recolección de residuos, y la intendencia también debe hacerse responsable por las obligaciones laborales impagas de las empresas que contrata para la realización de obras.

En Ancap hay más de 400 empleados bajo régimen de tercerizaciones: en los servicios de jardinería, vigilancia, mantenimiento y en la planta de producción de pórtland. Los directores de Ancap pidieron un informe de impacto de la ley a la asesoría legal, que estaría pronto en los próximos días. "Tenemos todo en regla, pero igual consultamos a la asesoría legal", dijo Daniel Martínez, presidente del ente. Según Martínez, Ancap pide que las empresas que contrata cumplan con los aportes al BPS, controles de seguridad, y que paguen salarios mínimos iguales a los de los empleados de la administración. En Antel la situación es similar. Su vicepresidente, Edgardo Carvalho, explicó: "La ley la aplicaremos. Naturalmente ya controlábamos desde antes. Cuando asumió el nuevo directorio, dio instrucciones para controlar estrictamente que las empresas intermediarias cumplieran con todas las obligaciones del derecho laboral. Bueno sería que fuéramos cómplices de la violación de la ley".

En Antel las tercerizaciones se concentran en los "call centers" (centros de atención telefónica), donde hay 500 trabajadores provistos por empresas intermediarias y cien por Antel. La empresa pública intenta terminar con esta situación. Para eso, creará una sociedad anónima de propiedad estatal, que contratará directamente a los trabajadores bajo un régimen del derecho privado.

El Ministerio de Trabajo implementará reformas paulatinas en el sistema de seguridad social en 2008 a partir de un ciclo de debates que se lanza en abril y seguirá hasta fin de este año, informó el subsecretario de Trabajo Jorge Bruni en la comisión de seguridad social de Diputados.

Luego del ciclo de debates se elaborará un documento que será elevado a Presidencia con recomendaciones a seguir en este tema, dijeron a El País legisladores que participaron de sesión de la comisión de Diputados.

Consultado por legisladores blancos acerca de las distintas visiones que hay en el gobierno sobre el régimen de las AFAP, Bruni admitió que coexisten diferentes opiniones y que hay quienes son partidarios de eliminarlas. Incluso admitió que él mismo tiene una visión contraria, pero adelantó que las AFAP no serán eliminadas.