Hay 5.200 Ong que ejecutan las políticas sociales del Estado

E. Etchevarren y R. Aguirre

Unas 5.200 organizaciones no gubernamentales (Ong) se han convertido en el brazo ejecutor de las principales políticas sociales del Estado que involucran decenas de millones de dólares en financiamiento.

Desde las oficinas gubernamentales se coincide en la importancia del papel que cumplen esas organizaciones que van desde comedores barriales a proyectos de combate de la droga. Sin embargo, desde las propias Ong surgen voces críticas sobre la falta de control de calidad de su trabajo y otras que alertan de la posible superposición de esfuerzos estimando que más de una organización trabaja en el mismso tema y sin coordinación por convenios con distintas instituciones estatales.

En el país no existe ningún registro oficial que permita saber cuántas Ong existen, pero un relevamiento que acaba de realizar el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) identificó 5.200 de esas organizaciones.

Sólo cien están afiliadas a la Asociación Nacional de Ongs (AnOng) según dijo a El País su presidenta María Elena Martínez. "Desde hace años tenemos el proyecto de hacer un mapa de donde están actuando las Ong, porque tenemos la impresión de que en un mismo lugar se está superponiendo el trabajo de distintas instituciones", afirmó Martínez.

Claudia Romano, coordinadora ejecutiva del Programa Infancia y Familia que funciona en la Presidencia de la República, afirmó que el 80 por ciento de los programas del Iname son ejecutados por Ong y estimó que a ellas se destina el 30 por ciento de los recursos del organismo.

Hablando de su propio programa, Romano informó que el 90 por ciento de sus servicios se prestan a través de 220 organizaciones que desarrollan desde huertas orgánicas, hasta acciones con niños de la calle, talleres de adolescentes y alfabetización.

"Hay entre 1.800 y 1.900 personas involucradas que firman una declaración jurada de que no son funcionarios públicos con excepción de docentes o jubilados", explicó. El otro sector en que las organizaciones civiles se han convertido en agentes de las políticas estatales es la lucha contra la droga. La Junta Nacional de Drogas financia proyectos que les presentan Ong, algunos polémicos como la distribución de jeringas y preservativos a adictos en una política denominada de "contención del daño".

CONTROL Y TRANSPARENCIA. Ninguno de los jerarcas gubernamentales consultados plantearon dudas sobre la necesidad de las Ong como ejecutoras de las políticas sociales, pero reconocieron que no existe un control de calidad de las organizaciones cuyo número crece día a día.

La misma crítica se está haciendo sentir entre algunos actores del sistema.

Roberto Gallinal, un asistente social que dirige la asociación Encare especializada en el tema de la droga, reclama reglas de juego claras en el sector.

"Lo que no existe es control de los contenidos", afirmó Gallinal que trabaja en el tema desde 1982. "Si queremos legitimarnos, ser serios e interlocutores frente al Estado y a la sociedad civil, tenemos que ofrecer las garantías mínimas y exponernos a ser evaluados constantemente", agregó.

Explicó que en su sector "comenzaron a aparecer Ong como flores" a fines de los ’90 y que en ese momento varias organizaciones se nuclearon en un plenario que promovió un código de ética que, hasta el momento, no se ha homologado.

"Mucha gente pensó que el tema de las drogas daba mucho dinero. Se metieron muchos médicos, armaban clínicas privadas con estatutos de Ong y eso se fue cayendo porque muy poca gente puede pagar ese tipo de tratamientos", indicó.

La asignación de ingentes recursos estatales e internacionales se encuentra también en el debate. Gallinal sostiene que el Estado tiene un papel que cumplir en el control de las Ong. "El Estado debe transferir dinero a las Ong porque están cumpliendo una tarea que no realiza por sí mismo", afirmó. Pero también sostuvo que "el Estado debe hacer públicos y transparentes los llamados a licitación para la asignación de proyectos y fondos".

"Lo que pedimos es que el Estado empiece a convocar y vincularse con las Ong desde posiciones y reglas de juego claras, conocidas por todos. Eso va a hacer más transparente la sociedad civil".

Según María Elena Martínez, la presidente de AnOng, las licitaciones ya son utilizadas como medio de otorgar proyectos y recursos. Estimó que la Intendencia de Montevideo realiza un promedio de 30 licitaciones por año y que a ellas se suman una veintena del Iname y las que convocan los organismos vinculados a la Presidencia de la República.

Martínez defiende el papel de las Ong aunque cree que la opinión pública no comprende su naturaleza y las confunde con entidades del Estado.

"Podemos llegar a una cantidad de matices que personalizan las políticas sociales. Cuando uno está tan cerca de los problemas ve cosas que desde arriba no se ven", afirmó Martínez.

La cifra:U$S 44,5 millones son los recursos destinados al programa Infancia y Familia que emplea 220 Ong en su ejecución

La frase: "Me metí en este tema que no es fácil, pero es apasionante. Lo que es apasionante es el contacto con la gente. Cuando me preguntan cuál es la gente que más admiro yo digo que son aquellas personas con las que trabajo en la calle. Son madres de familia, son vecinas, son... y a la vez tienen tiempo para pensar seria y honestamente en el otro". R. Gallinal

La cifra:611 son los convenios de Iname con Ong.

De ellos, 309 son centros Caif de los cuales 120 se

firmaron este año