Gonzalo Fernández al tribunal de ética del FA

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EDUARDO BARRENECHE

Con los votos del MPP, PCU y las Bases, la Mesa Política del FA decidió ayer enviar el caso Gonzalo Fernández al Tribunal de Conducta Política. El PS (sector que integra Fernández), Asamblea Uruguay y la Lista 738 se retiraron de la sesión.

"Gonzalo Fernández incurrió en errores políticos cuando ocupaba un lugar clave del gobierno frenteamplista. No faltó a la ética ni cometió inconductas", dijo ayer a El País el representante de las Bases del Interior en la Mesa Política del Frente Amplio, Alejandro Arismendi.

El dirigente izquierdista indicó que se le cuestiona al ex secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez "su vinculación" con los parlamentarios blancos Sergio Abreu y Álvaro Lorenzo durante el proceso de derogación del artículo 76 (quiebra fraudulenta) de la Ley 2.230. Por ese artículo fueron procesados los hermanos José, Dante y Jorge Peirano.

Con la derogación de esa norma, un Tribunal de Apelaciones determinó la clausura de la causa. El estudio de Fernández defendió a un directivo bancario procesado por el caso Peirano.

Según Arismendi, los legisladores del Frente Amplio no cometieron ninguna irregularidad, ya que "está bien que haya sido derogado" el artículo 76 de la Ley 2.230. "A Fernández se le cuestionan sus relaciones con los legisladores blancos", reiteró.

El diputado del Espacio 609 Óscar Groba expresó que la posición de su sector "fue acompañar" la posición de las Bases en la Mesa Política del Frente. "Ellos hicieron el planteo de que pasara todo al Tribunal de Conducta Política", explicó el parlamentario.

La mayoría de las Bases del FA esta dominada por dos sectores: MPP y Partido Comunista del Uruguay.

Consultado sobre si el Espacio 609 coincidía con la posición de las Bases acerca de que Fernández incurrió en errores políticos pero que no cometió ninguna inconducta cuando ocupó la secretaría de la Presidencia de la República, Groba respondió en forma afirmativa. "Coincidimos con el análisis de las Bases. El único elemento es que la Mesa Política no resolvió sobre el caso. Envió todos los antecedentes al Tribunal de Conducta Política. Se discutió en forma seria. Creo que eso ayuda al propio Gonzalo Fernández", dijo.

Una comisión investigadora elaboró dos informes sobre la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230. Los documentos, a los que tuvo acceso El País, no condenaban ni absolvían a Fernández. Sólo informaban sobre los procesos legislativos que culminaron en la eliminación de dicha norma.

Tras analizar ambos informes, la Mesa del FA resolvió pasar el tema a un Tribunal de Conducta Política que deberá realizar un informe que será discutido por un Plenario Nacional. A favor de esta moción se pronunciaron el Espacio 609 (integrado mayoritariamente por el MPP), el Partido Comunista, la Corriente de Izquierda, la Vertiente Artiguista y Las Bases. En contra votaron el delegado del Nuevo Espacio y el presidente del Frente, Jorge Brovetto. El Partido Socialista, Asamblea Uruguay y la Lista 738 se retiraron de la sesión.

Minutos antes, estos sectores habían apoyado una moción del Fidel de posponer la discusión del tema durante una semana para buscar una salida consensuada. Sin embargo, esta propuesta no obtuvo respaldo por parte del Espacio 609, los comunistas y las Bases.

El delegado socialista en la Mesa Política del FA, Manuel Nuñez, expresó a El País que "nos pareció totalmente extraño" que ese cuerpo no haya resuelto sobre el caso Fernández luego que una comisión investigadora trabajara durante tres meses recabando toda la información posible sobre los procesos de derogación del artículo 76 de la Ley 2.230. "En el Frente son los órganos políticos que resuelven cualquier situación disciplinaria", explicó.

Para Nuñez, la resolución de la Mesa Política "genera un aplazamiento y una situación irregular. Si hubiéramos mandado los antecedentes al Tribunal de Conducta Política antes de mandarlos a una comisión, era otra cosa. Como la comisión (investigadora del FA) no encontró elementos, se envía el caso al Tribunal".

Explicó que se retiró de la sesión luego que resultó minoritaria la moción de Fidel. En ese momento, explicó, "no me interesó más quedarme a una votación que sabía que iba resultar negativa".

Nuñez no cree que los sectores mayoritarios pretenden enjuiciar de cualquier manera a Fernández. "Los errores políticos los puede cometer cualquiera. El problema es si actuó en forma antiética o no. Estamos evaluando los mecanismos democráticos que nosotros mismos usamos", indicó.

Arismendi dijo que no era posible una postergación del tema porque los frenteamplistas "de a pie" reclamaban un pronunciamiento sobre el caso.

Groba indicó que hay que "desdramatizar" el hecho de que Fernández pasara el Tribunal de Conducta Política. "La Mesa Política no es cuerpo más idóneo para analizar los antecedentes de la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230. Sí lo es el Tribunal de Conducta Política", explicó.

En octubre del 2005, el diputado blanco Jorge Gandini cursó un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para conocer en cuántos casos penales actuaba Gonzalo Fernández como abogado defensor mientras ocupaba la Secretaría de la Presidencia. De acuerdo a la respuesta de la SCJ al pedido de informes, Fernández actuó en 43 causas en 25 juzgados penales, 10 de ellos del interior, según Gandini.

Añadió que algunos de los casos en los que Fernández se desempeñó como abogado fueron los de Ricardo y Eladio Moll en el caso "Cangrejo Rojo"; de dos ex gerentes del Banco Comercial procesados por estafa; de un ex gerente del Banco de Crédito, y de Guillermo Álvarez Muiño ante una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva.