Gobierno oficializa desaparición de personas durante la dictadura

Desde ayer, el Estado uruguayo reconoce oficialmente que durante la última dictadura se produjeron "graves violaciones a los derechos humanos" por parte de "agentes estatales", que poco antes de la reanudación de la democracia los restos de los desaparecidos fueron desenterrados de unidades militares para luego ser cremados, y que hubo coordinación entre "fuerzas" argentinas y uruguayas para detener opositores.

El presidente Jorge Batlle dio carácter de resolución gubernamental al informe final de la Comisión para la Paz, en el cual también se remarca: "Los antecedentes de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto que la mayoría de ellas se verificó después que la sedición había sido desarticulada y derrotada, y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión".

Según las informaciones que el organismo oficial de derechos humanos obtuvo luego de dos años y medio de investigación, los restos óseos de 24 uruguayos desaparecidos durante la dictadura fueron enterrados en distintas "dependencias de las Fuerzas Armadas", y a fines de 1984 fueron "incinerados o cremados" y luego arrojados al Río de La Plata. La comisión aclaró que no hace suya esa versión, sino que la consigna en virtud de que fue aportada de forma coincidente por varios militares que consultó.

Las cenizas, de acuerdo con esas informaciones, fueron arrojadas "en una zona cercana al barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión". Consultado por El País, el vocero de la Comisión para la Paz Carlos Ramela prefirió no comentar si la exhumación de los restos de los desaparecidos a fines de 1984, respondió a una decisión institucional o personal de los responsables de las desapariciones.

El informe de la comisión —que el gobierno no descarta respaldar con un decreto— contiene explicaciones sobre su metodología de trabajo, sus gastos de funcionamiento, conclusiones, balance de resultados y sugerencias. En ese último capítulo, el organismo recomienda que "se promueva y fomente, a todo nivel, con especial énfasis en los planes de estudio en general y en los procesos de formación de docentes y educadores en particular, un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde la década de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta".

También sugiere la creación de la figura jurídica "ausencia por desaparición forzada" —a fin de que, ante la imposibilidad de declarar muertos a los desaparecidos, igualmente sus familiares puedan resolver problemas en materia civil, por ejemplo derechos sucesorios— y que "se revean y actualicen normas legales vigentes, de forma de contemplar delitos como por ejemplo tortura, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, etcétera (...) con la finalidad de evitar y reprimir los excesos y los desvíos en que pueda incurrir el propio Estado y sus agentes".

De forma paralela, la comisión sugiere la indemnización económica para las familias de desaparecidos, en montos que establecerá el gobierno.

A MEDIAS. En otro orden, la comisión reitera en su informe que recibió datos por parte de militares y policías para su investigación, pero aclaró que aspiraba a obtener mejores resultados por esa vía.

"La comisión apeló únicamente a su poder de persuasión, tratando de convencer a aquellos policías y militares para que aportaran en forma voluntaria la información a su alcance, al amparo del régimen de estricta reserva imperante en materia de fuentes informativas. Ese esfuerzo, pese a todo, tuvo resultados dispares; de todas formas, la información adicional finalmente obtenida por la comisión refleja que existió, de parte de algunos, una voluntad de colaboración sin la cual muchas respuestas no hubiesen sido posibles", señala.

Aparte del complejo acercamiento a fuentes militares —que la comisión aclara que nunca se concretó con carácter institucional sino individual— el organismo marcó como "dificultades principales" de su trabajo "el largo tiempo transcurrido" desde las desapariciones hasta el inicio de las investigaciones oficiales, y la "reticencia" de algunos entrevistados a colaborar.

Por ese último motivo, la comisión resolvió no tomar actas ni grabar los relatos, sino que se tomaron notas manuscritas. Asimismo, en el texto se apunta que la información sobre los desaparecidos "se encuentra muy fragmentada, dispersa entre distintos testigos y/o protagonistas", lo que determinó que cada caso se convirtiera en un "puzzle", que tuvo la complicación adicional que las fuentes policiales y militares, poseedoras de los datos clave, "no en todos los casos estuvieron dispuestas" a brindarlos a la comisión.

CULMINACION. El documento final de la comisión, cuyo contenido se encuentra reproducido en el sitio de la Presidencia en Internet (www.presidencia.gub.uy), fue entregado ayer por la Comisión para la Paz al presidente Batlle, durante un encuentro que mantuvieron en el edificio Independencia (ex Palacio Estévez), donde siempre funcionó el organismo.

Batlle impulsó una investigación oficial sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura, con el objetivo de lograr un "estado del alma" en la sociedad, que permita "sellar para siempre la paz entre los uruguayos". Los gobiernos anteriores de Julio Sanguinetti y Luis A. Lacalle se habían mostrado reticentes frente a los reclamos de organizaciones de derechos humanos para que se indagara el tema.

Antes de crear la Comisión para la Paz, Batlle se reunió con representantes de los centros sociales de las Fuerzas Armadas. También en los primeros tiempos de su mandato, ganó credibilidad cuando el gobierno encontró a la nieta del escritor argentino Juan Gelman, que estaba desaparecida, y cuando persuadió a un joven para que fuera objeto de una prueba de ADN que determinara si efectivamente era el entonces desaparecido Simón Riquelo.

Organizaciones de la izquierda radical y algunos militares expresaron varias veces sus reparos sobre los trabajos de la comisión, al tiempo que el grupo de familiares respaldó la investigación. Precisamente, antes de crear la comisión, Batlle recibió en tres oportunidades a una delegación del grupo de familiares, en un hecho que fue histórico.

A fines de la década de 1980, ya en democracia, el gobierno de Sanguinetti creó una comisión dirigida por el fiscal militar retirado José Sambucetti. La indagatoria se inició el 5 de junio de 1989, para dar cumplimiento al artículo cuarto de la ley de caducidad. De ese trabajo surgió la conclusión de que en Uruguay no hubo desaparecidos.

®URUGUAY. De los uruguayos desaparecidos en el país, la Comisión para la Paz considera aclarados 26 casos, de los cuales tres se produjeron antes del golpe de Estado de 1973. Sólo una muerte, la de Elena Quinteros, se produjo como consecuencia de una ejecución, mientras que los otros 25 casos fueron producto de torturas que excedieron la resistencia física de los detenidos. La versión que recibió la comisión de fuentes militares indica que los cuerpos de los desaparecidos fueron exhumados de unidades militares y luego fueron cremados o incinerados a fines de 1984, poco antes del término de la dictadura. En su trabajo, la comisión sólo pudo registrar la identificación de los restos óseos del desaparecido Roberto Gomensoro.

®ARGENTINA. En Argentina, donde se concentró la mayor cantidad de uruguayos desaparecidos por motivos políticos —154 casos confirmados— la comisión determinó que la represión apuntó principalmente a los integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y que los procedimientos tuvieron "distinto grado de coordinación y colaboración entre fuerzas" argentinas y uruguayas. La comisión también aclaró dónde fueron sepultados los restos de 13 de los uruguayos desaparecidos en ese país, e incluso produjo la repatriación a Uruguay de los restos de dos personas y existe un tercer caso aún en trámite. El organismo pudo determinar los centros clandestinos de detención donde permanecieron los desaparecidos.

®REGION. También en Chile y en Paraguay se produjo la desaparición de uruguayos durante la década de 1970; siete y dos respectivamente. Los dos desaparecidos en Paraguay fueron trasladados hacia Argentina. En Bolivia desapareció un uruguayo, cuyos restos fueron encontrados.

®NN. Sobre los 26 cadáveres NN (no identificados) que fueron encontrados en distintas costas uruguayas en la década de 1970, la comisión apuntó como aclarado un caso, consideró que existe información "relevante" en 13 casos más, y advirtió que hay "escasa información" sobre los otros doce.

®SEGUIMIENTO. Entre sus sugerencias, la Comisión para la Paz planteó la creación de una Secretaría de Seguimiento, en virtud de que aún hay investigaciones en proceso, como los exámenes antropológicos sobre cadáveres NN, o como las pruebas de ADN a una serie de jóvenes que creen que pueden ser hijos de desaparecidos.

®PERSONAL. Además del informe final de carácter general, cada familia de desaparecido recibió un informe particular con toda la información que la comisión recabó sobre su familiar. Esos documentos no fueron divulgados públicamente.

El grupo de familiares de desaparecidos pide que la Justicia investigue si es correcta la versión que recibió la Comisión para la Paz sobre el destino de los restos óseos, en virtud de la "gravedad" de esa situación.

En conferencia de prensa, representantes del grupo expresaron su "reconocimiento" al presidente Jorge Batlle, porque con su aporte —consideraron— "se ha roto la cultura del silencio". No obstante, remarcaron que "no se trata de un punto final" sino de un "acercamiento a la verdad", y reclamaron que la Justicia determine qué sucedió con los restos.

"¿Pudieron los autores intelectuales y materiales de esa atroz acción con eliminación de pruebas, no contar con aval político alguno? ¿Cuándo fue decidida y cuándo implementada? Ante esta versión planteamos la exigencia de que para confirmarla o desmentirla se actúe judicialmente con todas las consecuencias que esta acción conlleve", indicaron los familiares en una declaración que emitieron ayer, horas después de que la Comisión para la Paz divulgó su informe final.

Uno de los voceros de la organización dijo que "en principio la Justicia actúa de oficio", pero admitió que es posible que los familiares presenten una denuncia penal.

Consultado si la ley de caducidad ampara a los responsables del "operativo zanahoria" al que alude la información que recibió la comisión, Miranda dijo: "Eso que lo diga un juez".

El grupo de familiares considera que la Comisión para la Paz se tradujo en la "verdad", y que a partir de esa información se hace necesaria la "justicia".