El gobierno oficializará hoy el aumento salarial para los funcionarios públicos a partir de enero, pero los sindicatos ya adelantaron que los porcentajes manejados hasta ahora no los conforman y que se preparan para un conflicto. Ayer, en el marco de un paro general parcial, varios sindicatos públicos marcharon por el centro de Montevideo.
Los sindicatos públicos se preparan para protestar contra el gobierno. Consideran que el cálculo de ajuste salarial para enero, basado en un promedio del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2007 y 2008, es "totalmente insuficiente".
Es por ello que a la protesta de ayer por el centro de Montevideo se le podrían sumar otras. El Departamento de Trabajadores Estatales y Municipales del Pit-Cnt resolvió ayer solicitar el próximo martes en el Secretariado Ejecutivo de la central obrera la convocatoria a una Mesa Representativa de la organización para que analice nuevas medidas de lucha ante la insistencia del gobierno de no ajustar el salario por la variación del 100% del IPC de 2007.
El Poder Ejecutivo laudó el martes las diferencias entre el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de manera que hoy en el Consejo Superior Público -que sesionará a la hora 14 en el Edificio Libertad- el gobierno entregará a los delegados sindicales una propuesta de ajuste salarial que ronda el 11,25% para los empleados de los entes, 11,5% para los trabajadores de la administración central y 12,25% para los funcionarios de la banca estatal.
Para el Pit-Cnt y para el entorno político oficialista es vital la actitud de los empleados bancarios públicos. Si la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) acepta mañana la pauta de 12,25% que les ofrece el gobierno, el resto de los empleados estatales no tendrá mucho margen para reclamar al gobierno.
"Si la banca sigue firme en no aceptar la propuesta, seguimos luchando y movilizándonos", dijo a El País el dirigente sindical Joselo López.
Desde el oficialismo se hace un análisis similar. "En AEBU están los más afectados por las reformas del gobierno", dijo a El País un allegado a Enrique Rubio, director de la OPP.
EL PAIS