Gobierno cubano prohíbe reunión del Parlatino

El gobierno cubano resolvió impedir la realización de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino que tenía previsto reunirse en La Habana para analizar la situación de la isla bajo el régimen de Fidel Castro, decisión que motivará mañana un análisis de la Junta Ejecutiva del Parlatino que se reunirá en la ciudad de San Pablo, dijeron a El País fuentes parlamentarias.

La situación generada a partir de la prohibición, postergó un planteo que tenía pensado hacer ayer el diputado herrerista Jaime Trobo para ampliar la delegación uruguaya que viajaría a La Habana de dos a tres integrantes, permitiendo que viajara así un representante designado por el Partido Nacional. En el mes de mayo pasado, al reunirse en Panamá, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano condenó la aplicación de la pena de muerte en en Cuba y resolvió realizar una reunión en La Habana para analizar junto a la Asamblea Nacional de ese país, mecanismos de garantía, aplicación, respeto y defensa de los derechos humanos.

El tema estuvo incluido por primera vez en el orden del día del Parlamento que se reunió en Panamá, encuentro al que concurrió una delegación uruguaya integrada por los diputados colorados Eduardo Chiesa, Walter Vener y Marta Montaner; el nacionalista Jaime Trobo y los frenteamplistas Jorge Orrico y Enrique Pintado.

En la Comisión de Derechos Humanos, como consecuencia de un planteo realizado por la delegación uruguaya integrada por los diputados Jorge Orrico del Frente Amplio y Eduardo Chiesa de la Lista 15 y que fue apoyado por las delegaciones de Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, México, Aruba, Argentina y Costa Rica, se resolvió con el único voto opuesto de Cuba, realizar una próxima reunión en la isla para encarar con la Asamblea Nacional de ese país, "mecanismos de garantía de aplicación, respeto y defensa de los derechos humanos".

La resolución había sido la primera de este organismo referida a los derechos humanos en Cuba, y fue precedida por un debate con la delegación cubana, la que justificó la aplicación de la pena de muerte como "elemento disuasivo".

En el marco de aquella reunión, se hizo referencia a la situación de Osvaldo Payá —impulsor de la reforma democrática en la isla—, y de la propia iniciativa popular democrática denominada proyecto Varela. Esto fue señalado como un ejemplo de intransigencia y regresión del gobierno de Cuba por parte de los países impulsores de la resolución.