Fondos públicos manejados sin control

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En la administración hay 81 personas públicas no estatales y sociedades anónimas de propiedad total o parcialmente de entidades estatales. Estas empresas escapan al control del Estado y tampoco se sabe cuánto dinero público manejan.

Por el tipo de actividad que desempeñan estas empresas, se estima que anualmente circulan varios cientos de millones de dólares por las arcas de unas y otras. Esta situación tiene otro elemento que funciona como un círculo vicioso: como no hay control del Estado, tampoco hay forma de disponer de información confiable sobre cuánto dinero se dispone y cómo se gasta.

En esta realidad se manejan hoy en día 36 personas públicas no estatales y 45 sociedades anónimas cuya propiedad es total o parcialmente de entidades estatales. La formación de ambas categorías se incrementó "explosivamente", según los expertos, desde que asumió el Frente Amplio el gobierno, en el año 2005.

En la práctica estas empresas sirven para llevar adelante algunas tareas sin pasar por la pesada burocracia estatal.

El tema saltó a los primeros planos cuando el Senado asistió el martes 9 a una discusión sobre el proyecto de ley por el que se crea el Plan Juntos, una iniciativa del Presidente José Mujica destinada a fomentar la integración socio-habitacional de las familias con necesidades de vivienda. Ello será implementado por un nuevo organismo desconcentrado que dependerá de la Presidencia de la República.

En el proyecto se establece que este organismo se nutrirá con recursos presupuestales y extra presupuestales que serán administrados por un fondo que controlarán los miembros de la unidad ejecutora a cargo del plan. En los hechos, tampoco habrá control del Parlamento ni de los organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación.

Además, en relación con esta unidad ejecutora del Plan Juntos, la misma estará exonerada de cumplir con el Tocaf en lo que refiere al llamado a licitación pública para la contratación de personas y la adquisición de bienes, según advirtió en la sesión el senador Juan Chiruchi, de Unidad Nacional (UNA).

"La contratación directa elude la aplicación de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia en los procedimientos de contratación pública", advirtió a El País el exministro de Vivienda y exintendente de San José.

EXPLOSIÓN. Según Chiruchi, hubo "una explosión" en la aprobación de excepciones a normas del Tocaf sobre compras y contrataciones con dineros públicos, lo mismo que el experto en Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo considera que ocurre con la formación de personas públicas no estatales y de sociedades anónimas cuya propiedad es total o parcialmente de entidades estatales a partir del año en que asumió el Frente Amplio la conducción del gobierno (ver entrevista aparte).

Uno de los problemas que señalan los expertos y legisladores consultados por El País es que quienes están al frente de esas empresas que manejan capitales públicos en la mayoría de los casos no son funcionarios públicos, y no se les puede sumariar en caso de presuntas irregularidades.

Adicionalmente a la preocupación expuesta en el Senado por Chiruchi, el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini está trabajando en una iniciativa que asigne más controles para estas empresas. Gandini afirmó que hoy en día el manejo de los recursos públicos por parte de esas empresas y organismos está en "una nebulosa abierta a la honestidad que los jerarcas de turno tengan".

La nómina de personas de derecho público no estatal es larga. Entre ellas figuran la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el Fondo Nacional de Recursos (FNR), la Caja Notarial, la Caja de Jubilaciones Bancarias, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), los cuales tienen una larga actuación en el medio local, algunos de ellos de varias décadas.

Pero a partir del gobierno del expresidente Tabaré Vázquez se han conformado otros como el Instituto Nacional de Calidad (de 2005), la Agencia Nacional de Innovación (de 2006), el Centro Uruguayo de Imagenología Mo- lecular (Cudim), de 2007, el Instituto Nacional de la Leche (2007), la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario (2008), Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (2008), el Instituto Nacional del Cooperativismo, del mismo año; la Agencia Nacional de Desarrollo (2009), el Instituto Nacional de Logística, de 2010.

LAS S.A. Los entes autónomos, tienen parte en decenas de empresas que funcionan bajo la forma de sociedades anónimas del Estado. El Banco República, por ejemplo, tiene a República AFAP, República Afisa, Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A., Sistarbanc SRL, Swift, Bladex y Bevsa.

Ancap tiene participación en distintos porcentajes en Gas Uruguay S.A., Ancsol S.A., Petro Uruguay S.A., Ducsa, Cementos del Plata S.A., Pamacor S.A., Caba S.A., ALUR y Gasoducto Cruz del Sur S.A. Antel participa en ITC S.A., HG S.A., Accesa, Parque Vacacional UTE-Antel, Intelsat, y New Skies Satelites.

UTE tiene Central Puerto S.A., Hidroneuquén S.A., ISUR, con la Corporación para el Desarrollo. La Administración Nacional de Puertos tiene el 20% de Terminal Cuenca del Plata S.A. Pluna participa en la sociedad anónima del mismo nombre con el 25%.

La Corporación para el Desarrollo participa en numerosas sociedades, en ocasiones compartidas con otros organismos estatales. Posee el 100% de la Corporación Vial del Uruguay, de Agolan S.A., de la Corporación Ferroviaria del Uruguay y de Legader S.A.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) tiene el 50% de la sociedad anónima denominada LATU Sistemas, que cuenta a su vez con tres empresas subsidiarias.

OSE tiene una empresa denominada Manantial Dorado S.A. encargada de gestionar las unidades potabilizadoras de agua, Consorcio Canario, que controla el saneamiento en la Ciudad de la Costa.

Plan Juntos: La ley de creación alertó a la oposición sobre como será administrado.

LATU: Tiene el 50% de una empresa, la que a su vez posee otras tres que son subsidiarias.

-¿Cómo ve usted, como experto en derecho Administrativo y estudioso del problema, el manejo de fondos públicos sin control por parte de empresas que funcionan en el ámbito del derecho privado?

-El punto de preocupación es la aplicación de fondos públicos mediante instituciones de derecho privado y por lo tanto sin que opere ninguno de los controles constitucionales para la administración de recursos del Estado. Si la objeción fuera que los mecanismos administrativos son pesados, entonces hay que hacer más ágil el sistema, pero no nos escapemos por el costado. Un autor español asegura que más que de la huida del derecho Administrativo, estas situaciones son una huida del derecho porque en realidad no tenemos información.

-¿Las personas que trabajan con estos fondos en esas empresas, están bajo las normas del funcionario público?

-No porque la mayoría de ellos no son funcionarios públicos.

-¿En los últimos años se ha visto incrementado la creación de estas empresas?

-Sí, muchísimo. Particularmente desde 2005 hubo un crecimiento explosivo de estas empresas.

-¿Está trabajando para proponer una iniciativa en esta materia?

-Fui invitado por la bancada del Partido Nacional a una reunión en la cual expliqué el problema, desde el punto de vista jurídico. Vengo escribiendo artículos desde hace años sobre el problema. En la bancada me pidieron sugerencias porque en el capítulo sobre Ordenamiento financiero de la Rendición de Cuentas habrá modificaciones al régimen de compras del Estado. Entonces, se le podría dar entrada también a la posibilidad de controlar más ampliamente los fondos destinados a contrataciones no solo por los Entes del Estado. La idea es como extender el ámbito de control a estas realidades que en la doctrina se conocen como la huida del Derecho Administrativo.