El fiscal penal Eduardo Fernández Dovat pidió el procesamiento por el delito de abuso de funciones de los tres integrantes de la Comisión que asesoró al Banco Central del Uruguay (BCU) en relación a los depósitos del Trade and Commerce Bank (TCB).
Según dijeron a El País fuentes allegadas al caso, el juez Luis Charles citó para mañana jueves a los abogados Carlos Balsa, Tomás Brause y Augusto Durán Martínez para realizar la audiencia prevista en el Código Penal en la cual deben hacer su defensa.
El fiscal argumentó que los abogados hicieron un manejo irregular de la información en base a la cual argumentaron que los depositantes del TCB podían ser considerados o no ahorristas del Banco Montevideo y por lo tanto tendrían la chance de que se les devolvieran sus depósitos.
La denuncia fue presentada por el abogado Víctor de la Valle, en representación de 200 depositantes en el TCB cuyos casos fueron rechazados por la comisión. Los denunciantes son los que integran el grupo liderado por la escribana Alicia Barbani.
El mencionado grupo opinó que sólo a 17 de 1.200 ahorristas del TCB se le debían devolver sus depósitos en el entendido de que sólo en esos casos fueron engañados por el ex Banco Montevideo.
Declararon ante el juez como testigos los diputados Víctor Rossi y Julio Cardozo, el ex canciller y depositante del TCB, Héctor Gross Espiell.
IRREGULARIDADES. Los denunciantes señalaron que esa comisión actuó en forma irregular al seleccionar a los ahorristas y mencionaron algunos delitos que podrían haber cometido como conjunción del interés personal con el del público o cohecho.
Relataron ante la Justicia que mientras que los fundamentos eran los mismos en todos los casos mientras que a los representados por Della Valle los rechazó, a algunos ex funcionarios del Banco sí los admitieron como ahorristas. Los denunciantes declararon que el argumento que se les dio es que debían conocer lo que era el TCB mientras que en el caso de los ex funcionarios no lo consideraron así.
Los denunciantes también mencionaron que en el único caso de los comprendidos por ese grupo que la comisión finalmente dio por comprendido en la nómina de ahorristas fue el de una persona que no figuraba como depositante. Según figura en los testimonios aportados por los denunciantes las titulares de la cuenta eran una señora con su hija a las que en un principio se les rechazó su planteo.
Sin embargo, meses después se presentó el cónyuge de la mujer, alegando la muerte de un hijo y la comisión hizo lugar al planteo, sin pedirle ningún comprobante y sin tener en cuenta que no era el titular de la cuenta.
Por su parte, los denunciados sostuvieron ante la sede penal que la comisión que integraban, como asesora, no tenía facultad de decisión sino de opinión en base a las pruebas que presentaban los ahorristas y que el que tomaba las decisiones era el mismo Banco Central.
Balsa, Brause y Durán Martínez explicaron al juez y al fiscal que como toda resolución administrativa eran recurribles ante el propio organismo que las emitió y en su defecto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). De hecho —señalaron— así actuaron numerosos depositantes del TCB que no fueron comprendidos.