Falla control de compras y de contrataciones estatales

Una auditoría realizada en la Junta Anticorrupción durante el año pasado concluyó que el organismo cumplió con los cometidos asignados, salvo en cuanto al control de la publicidad de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

El informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), contenido en la memoria anual del organismo, concluyó que el incumplimiento se debe a que la legislación le otorgó a la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, "el cometido, pero no las potestades necesarias como para exigir de los organismos estatales esta información".

La Auditoría concluyó que "la eficacia, no siempre se alcanza, debido a que la normativa vigente establece procedimientos inapropiados, que al no considerar los avances tecnológicos, los tornan obsoletos, lentos y costosos".

"Asimismo, el marco legal aplicable le otorga atribuciones y como se señalara precedentemente, no confiere, en la mayoría de los casos, las potestades suficientes para llevarlas a cabo", afirmó el informe de la AIN con fecha del 4 de noviembre pasado.

El organismo auditor también formuló una serie de recomendaciones a la Junta Asesora en cuanto al sistema informático. En ese sentido manifestó conformidad con la propuesta de extender sus cometidos a verificar el cumplimiento por parte de los organismos de confeccionar la nómina de funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos.

En relación a la contratación de profesionales para que la Junta pueda asistir a la justicia penal, si bien considera que los niveles de los contratados han sido adecuados y la selección se ha realizado con el debido cuidado profesional, sugiere aplicar un Registro de candidatos, para facilitar la transparencia. Para evitar las implicancias que podrían tener los funcionarios públicos, plantearon la posibilidad de contar con personal jubilado.

Al respecto de la contratación de personal la Junta recomendó contar con consultores de nivel de excelencia, a cuyo efecto se ha entendido indispensable que durante el plazo de corta duración de estos contratos se pueda determinar su monto hasta el equivalente a 90 Unidades de Base de Prestaciones y Contribuciones más el impuesto al valor agregado.

"SERIO OBSTACULO". Como conclusión de última memoria redactada por los ex integrantes de la Junta, Jorge Sambarino, Carlos Balsa y Jorge Piaggio, se afirma que "las limitaciones en materia de atribuciones, de personal técnico, la imposibilidad de ampliar las prestaciones del servicio informático así como el generalizado desconocimiento acerca de las reducidas competencias asignadas a la Junta Asesora han constituido un serio obstáculo para satisfacer cabalmente la amplia expectativa pública generada a partir de su creación institucional".

En relación a los recursos humanos sugirieron que el organismo cuente con dos asesores permanentes contadores, un asesor abogado, un procurador, y un jefe de Departamento Administrativo. Además plantearon que es necesario contar con tres empleados para mantener la administración del actual sistema de declaraciones juradas que obliga a 12.500 funcionarios públicos que se repiten cada dos años, más las altas y bajas.

Los ex integrantes de la Junta Anticorrupción mencionaron que el nombre con el que se la denomina, "le atribuye en el imaginario colectivo potestades de las que carece".

Para solucionar ese problema, en la memoria, se plantea la necesidad de "ampliar los cometidos legales actuales (...) dándole rango legal a aquellas materias no específicamente incluidas en el régimen vigente".

La propuesta de ampliar los cometidos abarca la actuación en materia de conflictos de intereses, en la transparencia de las compras públicas, en la financiación de los partidos políticos, en el sistema de recepción y custodia de las declaraciones juradas.