El Tribunal de Apelaciones confirmó el archivo del expediente por el cual se indagó a ex directores y a la comisión de abogados que asesoró al Banco Central del Uruguay (BCU) en el proceso por el cual analizaron la situación de los ahorristas del Trade and Commerce Bank (TCB), de Islas Caymán.

El fiscal Eduardo Fernández Dovat apeló el archivo del juez Luis Charles, e insistió ante el tribunal con el pedido de procesamiento del anterior directorio y de los tres abogados integrantes de la comisión. Alegó que cometieron arbitrariedades en el proceso por el cual analizaron la situación de 1.200 ahorristas y consideraron que sólo a 22 de ellos se les deberían devolver sus depósitos.

Sin embargo, el juez entendió que en el accionar de los indagados no hubo un mal uso de las atribuciones que le fueron asignadas en virtud de los cargos que ocupaban, y para ello había que ingresar en el análisis del móvil mismo del acto discrecional dictado por aquellos. Charles rechazó la posibilidad de que los ex directores hayan actuado por "favoritismo" o "connivencia".

El juez dijo que "si la discrecionalidad empleada para hacerlo transgredió normas de Derecho Administrativo, sólo puede ser estudiada en el ámbito correspondiente, pero pretender que sean arbitrarios por el solo hecho de que a juicio de los denunciantes son irregulares, devendría un exceso y por último en un hecho injusto porque se estaría penalizando una conducta que es atípica para nuestro Derecho Penal".

Agregó que si bien la tarea del directorio y de la comisión de abogados que los asesoró es "delicada, polémica y difícil, fue cumplida dentro del marco legal y si alguna irregularidad hubiera existido, no alcanza al ámbito penal por falta de adecuación típica".

Tras enterarse del pedido de la Fiscalía, los ex directores iniciaron una campaña pública en su defensa argumentando que el planteo no tenía lógica. El pedido de enjuiciamiento comprendía a Julio de Brun, Andrés Pieroni y Miguel Vieytes y a los abogados Carlos Balsa, Tomás Brause y Augusto Durán Martínez. El pedido fue formulado por el fiscal en noviembre pasado, luego el juez archivó y ahora la sala confirmó esa decisión.

La denuncia fue presentada por el abogado Víctor de la Valle, en representación de 200 depositantes del TCB liderados por la escribana Alicia Barbani.