Evasión: DGI y Aduana siguen investigación

La Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) continúan adelante con la investigación a empresas que estarían cometiendo ilícitos para derivar nuevos casos a la justicia penal.

El trabajo conjunto de los dos organismos ha permitido detectar las irregularidades cometidas por varias empresas, y el juez Gustavo Mirabal con el fiscal Rafael Ubiría han procesado a cinco personas.

El titular de Aduanas, Nilo Pérez, dijo la semana pasada que tienen "información tal de los empresarios como para tener una radiografía de cada quien y de esta forma determinar quien está incurriendo en conductas ilícitas".

Pérez indicó que en los proximos días elevarán a la Justicia información sobre nuevos casos similares.

Hasta el momento fueron procesados una despachante de Aduanas y otra persona que trabaja con ella, y los empresarios Sasson y Carlos Tellería, y su hijo. El primero se desempeñaba en el rubro de la vestimenta y el calzado, principalmente en Punta del Este. El segundo estaba a cargo de la empresa comercializadora e importadora de electrodomésticos Skema.

Sasson apeló el procesamiento y actualmente el juez Mirabal enviará el expediente al Tribunal para que se expida. Tellería aún no ha apelado pero todavía está dentro del plazo legal para hacerlo.

La conexión entre ambos empresarios es que cometían los ilícitos a través de la despachante de Aduana, Mirtha Chaín, la primera en ser procesada en mayo. En el estudio de la despachante se alteraban las facturas copiando el número y todos los datos pero poniendo importes 50% más bajos que los reales. De esa forma se evadían los impuestos que debían pagar.

En el caso de la empresa de Skema el porcentaje de quita que se le debía hacer llegaba casi al 80%. La empresa mandaba las facturas de origen y se pedía a la firma de despachantes de Aduanas que falsificaran los documentos.

Tellería y su hijo fueron procesados por los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documento privado, falsificación ideológica por particulares y contrabando.

Los despachantes scanneaban el nuevo certificado apócrifo que se enviaba a la Aduana, con lo que se configuraba la subfacturación.

La investigación abarcó un período de un año y todavía no se llegó al total de lo defraudado. Las actuaciones siguen dentro de la empresa para medir el alcance de la operación y se podrían ampliar los cargos.

Al declarar Tellería responsabilizó a los despachantes de aduana. Según las fuentes el fiscal consideró sus declaraciones fueron "inconsistentes" e "inverosímiles".

Además la DGI y Aduanas comenzaron una investigación paralela por operaciones de la empresa con firmas de la Zona Franca de Colonia.

En la investigación hubo allanamientos de la empresa y de los domicilios de los procesados.