Estrellas de fútbol podrán ser técnicos según fallo

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PABLO MELENDREZ

Un fallo judicial condenó al Ministerio de Turismo y Deporte a modificar el sistema de formación de entrenadores deportivos, tras una demanda presentada por el ex arquero de Peñarol y de la selección uruguaya Fernando Álvez.

La resolución, que fue notificada ayer a las partes por el juez de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren, señala que se deberán crear tres "graduaciones" para los interesados en obtener el título de director técnico de fútbol.

La primera de ellas para los entrenadores con "competencia notoria" en Uruguay o el exterior; la segunda para los deportistas "destacados" provenientes de los planteles de primera división y que tengan "un trayecto deportivo de grandes dimensiones en representaciones nacionales o internacionales", y por último se deberá crear otra categoría para que quienes no hayan terminado el ciclo básico puedan formarse como técnico o entrenador en la especialidad deportiva que deseen.

Actualmente, el título de director técnico lo otorga el Instituto Superior de Educación Física (Isef) que depende de la Universidad de la República. Para acceder al curso, de dos años de duración, es necesario tener aprobado el ciclo básico de Educación Secundaria.

Ese requisito es cuestionado por un importante número de ex futbolistas que no culminaron el liceo y, por tanto, no pueden realizar el curso en el Isef. Ante el reclamo, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) se manifestó contraria a modificar las condiciones para realizar el curso, lo que motivó a que los ex deportistas interesados, encabezados entre otros por Álvez, formaran otra agremiación: la Asociación de Técnicos de Fútbol del Uruguay (ATFU).

La nueva agrupación reclama que se apliquen dos mecanismos establecidos en un decreto del Ministerio de Turismo y Deporte del 29 de junio de 2000 que prevé las reválidas de los cursos realizados por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y, en segundo término, la utilización de la "competencia notoria" para los ex futbolistas que tuvieron una destacada carrera.

Precisamente, ese fue el reclamo que Álvez planteó en la acción de amparo que presentó ante el magistrado Eguren. Según argumentó el ex arquero, que realizó cursos en el exterior y también la capacitación realizada por OFI, el hecho de que el Isef no le haya otorgado el título en virtud de su trayectoria futbolística viola los preceptos constitucionales en relación a su derecho al trabajo, previstos en los artículos 7 y 53 de la Carta Magna.

En tal sentido, el juez determinó que Álvez no deberá cursas los módulos Técnico, Táctico y Práctico del curso. A la vez, le deberán ser descontadas las horas de clase que cursó en esas materias. Además, el fallo recomienda que se revaliden los cursos que Álvez realizó a nivel local e internacional "a los efectos de facilitarle en forma diligente sus derechos, reconociéndole las especializaciones que ha realizado".

Por otro lado, el magistrado dispuso que el Ministerio de Deporte deberá implementar a partir de 2009 cursos de entrenadores de fútbol con otras instituciones, como por ejemplo con la Asociación Cristiana de Jóvenes.

El fallo señala que los programas de esos cursos deberán establecerse antes del próximo 30 de marzo, con el objetivo de que el comienzo tenga lugar el 15 de abril. Para eso, el juez dispone que el encargado de realizar la coordinación estará a cargo del director nacional de Deportes, Fernando Cáceres.

El magistrado Eguren también dispuso la creación de un Comité de Reválida, que deberá estar operativo en marzo, y que resolverá las solicitudes que se le presenten en un plazo máximo de 30 días. Para el caso puntual de Álvez, establece que su situación se tendrá que regularizar antes del inicio de los nuevos cursos en abril.

BENEFICIO. El fallo señala que los cambios en la formación de directores técnicos "no sólo redundará en beneficio de quienes tienen derecho a acceder a una profesión digna y decorosa, sino que será, sin lugar a dudas, un beneficio sustancial para el mejoramiento y perfeccionamiento del deporte más popular de la Nación".

Por ese motivo, el juez sostiene que "es vital la regulación de las profesiones inherentes al deporte, y en especial al fútbol". "Creemos que se deben de aplicar la mayor protección y regulación normativa por parte del Ministerio para garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, y en definitiva mejorar el deporte como un todo", remarca el fallo.

En su fallo, el juez de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren señala la importancia del Ministerio de Turismo y Deporte que "día a día se hace más ostensible ante los hechos de pública notoriedad, y en especial ante el decaimiento social y económico que sufren determinadas áreas deportivas". Por eso, destaca que cuando se decidió crear una secretaría de Estado que regule el deporte se "entendió con claridad meridiana la trascendencia que éste tiene en la vida y en el desarrollo de la sociedad democrática".

"Es de vital importancia la ascendencia, trascendencia, e injerencia que debe de tener el Poder Ejecutivo a través del Ministerio específico para subsanar, corregir, enmendar, mejorar el deporte como un todo", subraya el fallo, a la vez que reivindica la importancia de que el deporte recobre "la importancia y el destaque que supo tener en otros tiempos".

El conflicto entre la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) y los técnicos que no tienen su título habilitante expedido por el Instituto Nacional de Educación Física, tuvo su punto máximo cuando se dispuso que quienes no tienen el curso aprobado no podrán ingresar a la cancha. Por ejemplo, durante buena parte del ciclo de Hugo De León al frente del plantel de Nacional, Audef resolvió no realizar partidos amistosos contra ese club, como medida de lucha para haber contratado un entrenador que no posee título habilitante expedido en Uruguay, sino que realizó su capacitación en Brasil. Además, no se permitió a De León dirigir los partidos en la cancha, por lo que, ubicado en la tribuna, daba las indicaciones a sus colaboradores a través de un teléfono celular, para que éstos las transmitieran a los jugadores. Por ese motivo, De León tiene en curso una demanda civil contra la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la que le reclama un resarcimiento de US$ 1 millón.