España acuerda otorgar visas para buscar trabajo

Madrid - El gobernante Partido Popular (PP, derecha) y el Partido Socialista (PSOE), principal de la oposición, llegaron hoy a un acuerdo sobre la reforma de la ley de Extranjería, que permitirá, entre otras novedades, la introducción de visados temporales que permiten buscar trabajo.

Estos visados, con una duración de tres meses, permitirán a los inmigrantes buscar trabajo de forma regular y seguir legalmente en territorio español si lo consiguen, dijo la secretaria de Políticas Sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, cuya formación introdujo esta enmienda en la ley, que ha de ser debatida en el Congreso de los Diputados (parlamento) español.

El nuevo visado para búsqueda de empleo podrá ser solicitado por hijos y nietos de españoles de origen y también por extranjeros demandantes de empleo para ciertos sectores laborales.

El PP, partido que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, está dispuesto a aceptar totalmente 20 de las 24 enmiendas presentadas por el PSOE a la ley en su próxima votación, mientras que también admitirá de forma parcial las otras cuatro.

El acuerdo hará "más eficaz" la ley de Extranjería y terminará con "la marea de inmigración ilegal que asola España", afirmó el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, al anunciar el acuerdo en rueda de prensa con la secretaria de Asuntos Sociales del PP, Angeles Muñoz.

Las enmiendas socialistas "enriquecen" el texto sin cambiar el "espíritu" de la reforma de la ley presentada por el gobierno del PP, afirmó Muñoz, quien recordó que el objetivo de la norma es luchar contra las mafias que trafican con personas, favorecer los flujos migratorios legales y simplificar la tramitación de los permisos.

Tras este acuerdo, el texto podrá ser aprobado en el congreso y la ley podrá entrar en vigor en enero, según Muñoz y Caldera.

Además del nuevo pasaporte, la ley penalizará más duramente la contratación de inmigrantes ilegales y, en materia de reagrupación familiar, se permitirá la residencia en España de aquellos ascendientes inmigrantes legales que tengan hijos menores o incapacitados.

La nueva norma, remitida el pasado 13 de junio al Congreso por el gobierno español, permitirá asimismo que las mujeres inmigrantes maltratadas obtengan un permiso de residencia individual, como proponía el PSOE.

Se mantiene, no obstante, la obligación para las compañías de transporte de informar a las autoridades españolas de las personas que viajen a España antes de su partida de su país de origen, tal como había previsto el gobierno de José María Aznar.

De la misma manera, esta compañías también tendrán que advertir a las autoridades españolas de los pasajeros que no se vuelvan en la fecha que indica el billete de avión.

Las compañías que se nieguen a colaborar podrían ser sancionadas con multas de hasta 60.000 euros, según había adelantado en junio el ministro del Interior, Angel Acebes.

El texto presentado por el gobierno español a los diputados para su aprobación contempla asimismo un procedimiento de expulsión en 48 horas por infracciones graves a la Ley de Extranjería como alteración del orden púlico, atentado contra los intereses de España o tráfico ilegal de seres humanos.

El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, expresó su satisfacción por el acuerdo asegurando que se trata de "un buen acuerdo para una buena ley".

Por su parte, los principales sindicatos Comisiones Obreras (CCOO, comunistas) y Unión General de Trabajadores (UGT, socialistas) aplaudieron el acuerdo, pero criticaron el visado para buscar trabajo.

"Si un extranjero tiene tres meses de plazo para encontrar un empleo, aceptará cualquier condición laboral con tal de acceder a un contrato de trabajo", dijo Almudena Fontecha, de UGT.

Según la organización no gubernamental SOS Racismo, más de 600.000 inmigrantes están en situación irregular en España, tradicional puerta de entrada a Europa de latinoamericanos y africanos.