La Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) decidió anoche en asamblea demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en caso que este, en un lapso de cuatro días, no prorrogue por doce meses su entrada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a partir del 1º de julio y permita abrir un ámbito de negociación.
En caso de que el Estado no acceda, se solicitará al organismo internacional que se instale una medida cautelar.
La escribana María Wonsiak dijo a EL PAÍS digital que la asamblea votó mantener la lucha para modificar la ley que determina el ingreso de los escribanos al Fonasa y que deja sin efecto su sistema de salud —vigente desde hace 20 años—, que se sustenta con sus propios aportes y brinda servicio a más 9.000 profesionales activos, jubilados y empleados de escribanías.
A su vez, hay muchos profesionales dispuestos a presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley que ordenó su ingreso al Fonasa, al considerar que viola sus derechos adquiridos y también su derecho a la salud, explicó la profesional.
En este año, los escribanos pretenden instalar una mesa de negociación para tratar el tema y "acordar la solución y las forma de armonizar la entrada al Fonasa". Además se buscará que los hijos de los escribaos tengan cobertura por este sistema.
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