En el corto plazo, las investigaciones por presunto lavado de activos podrán utilizar la figura del "agente encubierto", de acuerdo con lo previsto en los cambios en la ley de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo aprobada en 2004.
La iniciativa completó el trámite parlamentario el miércoles, cuando por unanimidad de votos, fue aprobada por la Cámara de Diputados. El mes pasado había sido votada en el Senado, y apenas sea promulgada por el Poder Ejecutivo, podrá comenzar a ser aplicada por los jueces y por los especialistas de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
Además, las modificaciones introducidas a la legislación establece la creación de un sistema de protección de testigos y colaboradores.
A la vez, se amplían las facultades del Banco Central del Uruguay (BCU) para reportar toda transferencia de dinero con apariencia sospechosa. Por otro lado, agrega a la lista de personas que deben informar al BCU los movimientos bancarios que puedan ser irregulares a los escribanos, rematadores y explotadores de zonas francas.
Con estos nuevos mecanismos de investigación, el objetivo de la Secretaría Nacional Antilavado es poner especial énfasis entre la modalidad delictiva y las actividades vinculadas con el sector inmobiliario, en la cual se ha comprobado que tiene importantes conexiones.