Enojo y sospechas por represión en fábrica argentina antes de las elecciones

El gobierno argentino pidió hoy explicaciones al ministerio de Justicia y Seguridad por la represión contra trabajadores de una fábrica que habían logrado reactivar y que despertó una ola de indignación, a cinco días de las elecciones presidenciales.

Los violentos choques del lunes entre manifestantes y policías que dejaron 30 heridos en calles del centro de Buenos Aires despertaron sospechas en algunos candidatos sobre una maniobra electoral.

El presidente Eduardo Duhalde declaró por la mañana a Radio 10 que la situación de los empleados de la textil Brukman -que había entrado en concurso de acreedores en setiembre de 2000 y fue ocupada un año después- es "aprovechada por grupos muy pequeños, de izquierda".

En una rueda de prensa posterior, el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, justificó la represión policial alegando una orden judicial.

"No se trata de un cambio en la política del gobierno, que siempre buscó no criminalizar la protesta social, (pero) esto no era una protesta social y el Estado a través de su institución armada, tuvo que utilizar la fuerza para evitar que se incumpliera una orden judicial", dijo el funcionario.

En tanto, la justicia rechazó hoy un recurso de los trabajadores para que se suspenda la orden de desalojo de la empresa textil.

El ex presidente y candidato peronista de derecha Carlos Menem advirtió sobre una situación de anarquía. "No hay gobernabilidad y cuando no hay gobernabilidad hay caos, que es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país", dijo en declaraciones a radio Continental.

La violencia estalló cuando cuatro obreras desalojadas el fin de semana pasado, apoyadas por unos 4.000 manifestantes, pretendieron reingresar en el establecimiento ubicado en el barrio de Balvanera.

Decenas de uniformados -provistos con cascos, chalecos antibalas y escudos- arremetieron entonces contra los manifestantes lanzando balas de goma y gases lacrimógenos dejando un saldo de más de un centenar de detenidos y unos treinta heridos, que ya fueron dados de alta, dijeron fuentes hospitalarias.

El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo que "el ministerio de Justicia y Seguridad es el que lleva adelante todas estas actuaciones y es el ámbito más apropiado para obtener la información más precisa", mientras el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, calificó de "espeluznante" la represión y reconoció que "hubo una exageración".

El periodista y activista social Miguel Bonasso denunció que la Policía disparó balas de plomo y mostró a las cámaras de la televisión cápsulas recogidas en las calles donde se produjeron los disturbios.

Pese a las críticas al accionar policial, los funcionarios de gobierno aclaran que había una orden de la justicia para mantener desalojada la fábrica y destacaron que Brukman "es de los dueños".

El presidente Duhalde, por ejemplo, consideró que "hay que ayudar a los trabajadores a que armen alguna cooperativa de trabajo en otro lugar" pero "sin violentar la ley". AFP

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