El Tribunal dirá si el impuesto es legal

SALTO LUIS A. PÉREZ

Tras una discusión de más de 8 horas y con la presencia en sala del intendente, Ramón Fonticiella, la Junta Departamental de Salto resolvió por unanimidad remitir al Tribunal de Cuentas los antecedentes del cobro de la tasa de alumbrado público en las facturas de UTE .

Los ediles quieren que sea este organismo el que se pronuncie si el Ejecutivo comunal está procediendo correctamente con la aplicación de este mecanismo o si es inconstitucional como afirman los ediles de la oposición.

La aplicación de esta tasa de alumbrado público que comenzó a regir en febrero, viola las cláusulas de un convenio con UTE, según ediles del Partido Nacional, del Colorado y algunos del oficialismo (F.A).

Mientras que Fonticiella afirmó que no está haciendo otra cosa que cumplir con un compromiso firmado por su antecesor Eduardo Malaquina en el año 2001 y 2005.

Además sostiene que está aplicando una premisa del Frente Amplio que es la de que paga más el que más tiene "y menos los que menos ganan".

Ese impuesto comprende a 23.000 viviendas.

En ese eje y con la voz en alto en algunos pasajes de las deliberaciones, sobre las 3 de la mañana de la pasada jornada una moción de la oposición, que fue votada por unanimidad de la Junta Departamental, aprobó remitir al Tribunal de Cuentas una consulta referente a si es ajustado a la normativa vigente el cobro que está realizando la Intendencia.