El gobierno español expulsó a un nuevo inmigrante uruguayo

Un nuevo ciudadano uruguayo fue expulsado de España, a pesar de las intensas gestiones realizadas por el Consulado y las asociaciones de inmigrantes de Uruguay. Mykool Raúl Pujada Medina fue obligado a abandonar ese país por aplicación de la Ley de Extranjería, tras una orden dictada por la Subdelegación de Gobierno de la Provincia de Toledo.

En declaraciones a radio El Espectador, la cónsul general en Madrid, Marta Echarte, narró los detalles de la gestión que realizó, pero que no dio los resultados esperados. "Enviamos una copia del Tratado de 1870, le manifestamos por escrito la voluntad de hacer un entendimiento entre ambos países para solucionar el tema de la gente que todavía está indocumentada, pero fueron infructuosas las gestiones que hicieron tanto las asociaciones como el consulado. Porque si bien el delegado y subdelegado entendieron una voluntad de solucionar el tema de la gente que aún está sin documentos, ya se había dictado la orden de expulsión", relató.

La diplomática explicó que Pujada procedió con "total honestidad" al presentarse voluntariamente para regularizar su situación, pero "lo que no hizo correcto es quedarse (en el país) más de tres meses".

La Asociación de Inmigrantes Uruguayos en Madrid no ocultó su profunda molestia: "¿Es posible que el gobierno español quiera resolver este problema, cuando ni siquiera atiende a las múltiples gestiones que se hicieron para evitar la expulsión de este compatriota?. ¿Es posible cualquier tipo de negociación cuando una y otra vez y de forma pertinaz no se atiende en su obvia generalidad las resoluciones de los distintos Tribunales de Justica españoles, ratificadas por el Tribunal Supremo, que una y otra vez resuelven a favor de la vigencia del Tratado?. ¿Es esta la forma de negociar seria y responsable?. ¿No era posible un gesto de buena voluntad que nos hiciera creer en la negociación?", consignó la organización en un comunicado.

En octubre del año pasado, el congreso español aprobó una resolución que le exige al gobierno español que reconozca los derechos de un tratado de 1870 y además votó la conformación de una comisión binacional de "alto nivel" que se propuso abordar la aplicación de ese convenio en un plazo no mayor de cuatro meses.

El diputado herrerista Jaime Trobo, uno de los legisladores uruguayos que realizó contactos políticos en España para promover esa resolución, exhortó a la Cancillería de Uruguay a "extremar" sus acciones para que se instale de inmediato ese ámbito de negociación. "No hay duda que la actuación de Uruguay debe ser inmediata, intensa y no puede esperar. Si aún no se ha hecho nada, de lo que no contamos información, se está cometiendo un grave error", afirmó el representante.