El fracaso de la "ley Díaz"

ANTONIO MERCADER

Veinte meses de vigencia bastaron para demostrar el fracaso de la "ley Díaz", la que abrió las puertas de las cárceles. Hoy hay más de 7.200 presos, cifra mayor de la que había en septiembre de 2005, cuando se aprobó la ley para "descongestionar" el sistema carcelario.

Tampoco se logró su "humanización" como lo prueban las tasas de suicidios, muertes, crímenes y consumo de drogas verificados en ese lapso en las prisiones. Símbolo de ese infierno es la reciente imagen del "Pelado" huyendo del acoso de otros reclusos, encaramado en el techo de La Tablada y amenazando lanzarse al vacío.

José Díaz pasó dos años en el ministerio del Interior defendiendo las bondades de la ley. Su segundo de entonces, el ex subsecretario Juan Faroppa, acaba de admitir públicamente el fracaso de la política penitenciaria del ministro con la cual -ahora lo revela- él tuvo discrepancias. Las tuvo él y otros muchos, incluida la oposición política y ciudadanos inquietos por el riesgo que suponía soltar presos mediante un régimen más generoso de libertad condicional y anticipada.

Prueba del error ministerial es que el 25% de aquellos 800 reclusos liberados en tropel están otra vez entre rejas. Y otros muchos miembros de ese pelotón siguen delinquiendo impunemente. De todo esto se le advirtió a Díaz, pero el ministro se emperró en que los índices de reincidencia bajarían a un dígito como por arte de magia. Se equivocó.

En cualquier parte del mundo en que existe superpoblación carcelaria, la prioridad es construir nuevos centros de detención. Esta verdad de a puño puede no ser simpática ni darle a quien la pregona la aureola de bonhomía tan codiciada por algunos gobernantes. Más si de humanizar se trata, lo primero es mitigar el hacinamiento y la promiscuidad en los centros de detención. Sólo después pueden imaginarse otras medidas. Y todo iría mejor si el acento puesto en la ley se hubiera aplicado a ampliar la capacidad y calidad de las prisiones.

Por supuesto, una política penitenciaria debe contener otras muchas cosas, algunas de ellas incluidas en la ley de marras, sobre todo respecto a la rehabilitación de los presos y su reinserción en la sociedad. En ello insiste Alvaro Garcé, el ombudsman parlamentario para las cárceles, quien viene desplegando, hay que reconocerlo, una encomiable gestión en tan espinosa materia.

Según Faroppa, el error de su ex -jefe, José Díaz, fue convertir a la ley de las cárceles en "el buque insignia del ministerio". Tiene razón. Antes que de las cárceles, un ministro del Interior debe preocuparse por la seguridad de sus conciudadanos.