El caso del Hotel Quiroga de Salto

A instancia de Juan Carlos Bengoa y en contra de la opinión de la oficina jurídica de la Dirección General de Casinos, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori rescindieron en 2006 el contrato con la empresa concesionaria del Hotel Horacio Quiroga de Salto, medida que implicó que el Estado cobrara como más de U$S 31.000 de los casi U$S 1,5 millones que hubieran correspondido.

Esta situación, que se encuentra en poder de la Justicia, consta en un expediente de 150 fojas enviado hace unas semanas por el Ministerio de Economía al Parlamento en respuesta a un pedido de informes del diputado blanco Jorge Gandini.

Según la documentación, a la que accedió El País, en septiembre de 2000 el Estado y la empresa Rontilcor SA firmaron el acuerdo por el cual ésta se comprometía a pagar un canon y a hacer determinadas inversiones en el Hotel Quiroga, beneficiándose con la explotación de la sala de juegos. En abril de 2004, el anterior director general de Casinos del Estado intimó a la empresa al pago de los adeudos y a la realización de las inversiones. En julio de ese año, Jurídica de Casinos emitió un informe concluyendo que a esa altura, cuando los adeudos sobrepasaban el millón de dólares, lo mejor era rescindir el contrato.

Cuando Bengoa asume como director de Casinos, el titular de la firma le envía una carta planteando "formalizar" la rescisión "de común acuerdo" y fijando una cantidad de dinero menor a la adeudada. Bengoa acepta.

Jurídica de Casinos, que hasta entonces no había examinado la propuesta de acuerdo, opinó que lo hecho por Bengoa, "contraviniendo" el contrato original, "generará un perjuicio económico al Estado y dará un beneficio indebido" a la empresa". La deuda de la empresa era de U$S 1.150.000 por daños y perjuicios por incumplimiento, más otros U$S 300.000.