ACCIÓN SOCIAL

La efectividad de la prestación lleva un debate en el gobierno y en la ANEP.

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Las asignaciones familiares son el Robin Hood de los últimos gobiernos. No en el sentido figurado del héroe animado que les roba a los ricos para darle a los pobres, sino porque viene siendo la política más relevante de trasferencias monetarias, al menos desde la modificaciones de 2008. Pero como sucede con los héroes, esta herramienta de redistribución de la riqueza, en su versión uruguaya, recibe críticas. ¿Es efectiva?

En junio del año pasado hubo 10.450 niños y adolescentes a los que se les retuvo la asignación familiar por no estar inscriptos en la enseñanza obligatoria -uno de los requisitos legales para cobrar esta prestación. Pero, según datos del BPS a los que accedió El País, tras la retención solo se reinscribieron 203 menores -el 2% del total.

Tres meses después, la ANEP volvió a enviar al BPS un listado de los alumnos que estaban en falta -esta vez por inasistencias. En ese caso se retuvieron 12.607 asignaciones familiares y solo en 264 casos la razón del ausentismo era que los niños se habían ido del país o que en el centro educativo no pudieron encontrarlos.

Pese a las magras cifras, el consejero de Primaria Héctor Florit es un convencido de que condicionar el reparto del dinero a la asistencia a clase y el control de salud “es beneficioso”, y de que “el Estado tiene que dejar claro que no existe la chance de dejar de ir a clase todos los días”.

A su entender, los resultados esconden “el efecto disuasivo: la cantidad de familias que ante el temor de que se les retenga el subsidio envían a sus hijos a la escuela”. Y, en todo caso, “cualquier elemento que evite el ausentismo tiene que ser considerado”.

Pero en el Consejo de Educación Inicial y Primaria no todos lo ven así. De hecho el consejero en representación de los trabajadores, Pablo Caggiani, está afín a eliminar las condicionalidades.

Dicho de otro modo: dentro de los consejos de la ANEP existe el mismo debate que aflora a nivel del gobierno. Se trata de una de las discusiones que tiene a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, como una de sus protagonistas y que promete ser parte de la campaña electoral.

“Los datos hablan por sí mismos: las asignaciones familiares son una herramienta que no resuelve la asistencia a clase, tampoco resuelve la vida, pero sí le da sentido”, explicó Arismendi. Según ella, hoy más del 80% de la población recibe alguna forma de asignación familiar, pese a que la asignación formal solo la reciben los menores de familias cuyos ingresos están por debajo de los $ 52.000.

Para Arismendi, “todo niño tiene que recibir la transferencia monetaria por el solo hecho de existir, sin condición alguna. En todo caso, pagará más el que gana más, y pagará menos el que gane menos”.

Se trata de un modelo muy similar al de los países nórdicos, que no hace foco en un grupo específico y que entiende que el solo hecho de armar una familia sale plata.

En Uruguay, en cambio, prima el modelo del Banco Mundial -a veces tildado de “neoliberal”- en que solo obtienen la asignación los “pobres” que no han podido obtener recursos por otras vías.

Pero el debate actual en Uruguay no está centrado tanto en el foco de atención sino en si es necesario que exista una contraprestación.

Las asignaciones familiares, tal como se entienden hoy, datan en Uruguay de la década de 1940. La normativa clave que rige hoy se remonta a la dictadura, pese a que con el Plan de Equidad del Frente Amplio recibió una serie de innovaciones.

Pese a los cambios y ser “la principal” herramienta de política social posdictadura, las asignaciones “adolecen de una debilidad institucional”, critica el programa preliminar del Partido Independiente. “Al culminar el Plan de Emergencia, dados los problemas importantes que mostró en su operativa, se optó por transferir las asignaciones familiares (que fueron la continuación del Plan) sacándolas de la órbita del Mides transfiriéndolas al BPS.

Así se llega a la situación paradojal en que el Mides no interviene en el gobierno de una de las principales, sino la principal, herramienta de políticas sociales”, expresa el texto preliminar que redactó el técnico Javier Lasida para el equipo del senador Pablo Mieres.

¿Condiciones sí o no? Según Lasida, “es muy bueno que Uruguay haya incorporado herramientas de transferencias monetarias, incluso es positivo que existan condiciones a cambio de la prestación”.

Pero, dice, “llegó la hora de repensar el diseño de la herramienta, moverla a la órbita del Mides y apostar a que la retención de los alumnos no sea obra de las asignaciones”. Argentina, por ejemplo, pasó a un esquema intermedio en que el 70% de la prestación se la dan a todos los beneficiarios sin condiciones, y el 30% restante se guarda hasta fin de año sujeto a la asistencia del niño a clase.

El consejero Florit no opina sobre cómo debe ser el detalle de la transferencia, porque entiendo que eso es cuestión política, pero sí sostiene que “en el caso de Primaria, en que los datos estadísticos de inscripción se controlan en abril y están informatizados, es razonable enviar la advertencia a los padres en esa fecha y no esperar a pasada la mitad de año”.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria resolvió en la última sesión de diciembre que se les haga un seguimiento especial a los cerca de 30.000 niños que tuvieron asistencia insuficiente en 2018.

Son estudiantes que faltaron más de 40 días a clase, a los “que en teoría los directores les hacen un rastreo, pero que queremos que se les ponga el ojo aún más”, explicó Florit.

Además de ser la cuna de UPM, Finlandia es el escenario de uno de los experimentos sociales más llamativos. Durante los últimos dos años hubo unas 2.000 personas que, por el simple hecho de estar desempleadas, recibieron dinero “a cambio de nada”.

Cada mes estas personas recibían 560 euros como una forma de “incentivarlas a buscar empleo” y de “enfrentar los problemas de la digitalización”.

De esta forma los expertos en políticas sociales querían comprobar los efectos de la llamada “renta básica universal” -otra herramienta de transferencias monetarias que se discute en el primer mundo pero que aún no permeó con fuerza en Uruguay.

El experimento finlandés, sin embargo, arrojó resultados ambiguos. Según el Kela -la versión finlandesa del BPS-, no hay “diferencias significativas” en el acceso al empleo, las horas trabajadas y la remuneración entre quienes fueron beneficiarios de la renta y quienes no. Pero la herramienta sí mejoró la autoestima y el bienestar. A más de la mitad de los beneficiarios (56%) el programa les ha parecido bien o muy bien.

Experto en Políticas sociales del PI

Javier Lasida

“Los que más critican las asignaciones familiares son aquellos que quedaron fuera del beneficio pero por muy poco. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que son una de las mejores innovaciones de políticas sociales y que, en todo caso, puede discutirse el diseño y monto.

Otros critican las condiciones y no el foco, pero en este caso piensan que al quitar las condicionalidades se transforman en una renta básica universal y no es así. El Partido Independiente sostiene que es necesario mantener las condiciones de estudiar y del control en salud, pero modificando el diseño y que sea el Mides quien ejecute la política y no el BPS”.

Consejero de educación Primaria

Héctor Florit

“El ausentismo escolar, por lo general, es un comportamiento anómico de las familias y que se mantiene a lo largo del tiempo: es esperable que quien faltó mucho un año, salvo cuando es por enfermedad, volverá a faltar al año siguiente.

Por tanto, espero que la norma se mantenga tal cual está porque, además, no sabemos el efecto disuasivo que puede tener. No sabemos cuántas familias mandan a sus hijos a la escuela ante el temor de que se les suspendan esas prestaciones”.

“El Estado tiene que dejar claro que no existe la chance de dejar de ir a clase todo los días porque sí. Cualquier elemento que evite el ausentismo tiene que ser considerado”, dijo.

ministra de desarrollo social

Marina Arismendi

“Para el cuarto gobierno del Frente Amplio está planteado ir avanzando hacia la universalidad de las asignaciones: ¿El ideal? Que todos los niños reciban una transferencia monetaria por el solo hecho de existir. Y luego pagaremos más lo que ganamos más y pagarán menos los que ganan menos.

Las asignaciones no las inventó el Frente Amplio ya existían en los gobiernos previos. De hecho en la última crisis, hubo una ley incentivada por (Alejandro) Atchugarry que beneficiaba a los hogares de menores recursos. Lo seguro es que en el próximo quinquenio cada niño vendrá con un CAIF bajo el brazo”