Menos del 10 % de escuelas y liceos públicos y privados tienen habilitación de Bomberos

CENTROS EDUCATIVOS

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El incendio en el Hotel Aramaya, que no contaba con la certificación de Bomberos y alojaba a familias amparadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), generó polémica y hay quienes se preguntaron cuántos edificios públicos cuentan con las medidas mínimas de seguridad contra incendios.

El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, dijo a El País que Uruguay no tiene una cultura de prevención y el organismo público no puede forzar a las instituciones o comercios a que cumplan los requisitos para la certificación.

Lo que ocurrió en el caso del hotel, que provocó la muerte de una madre y quemaduras en sus tres hijos pequeños, fue que el edificio tenía la habilitación de la Intendencia de Montevideo (IMM), que es la encargada de controlar que los lugares comerciales tengan el certificado de Bomberos (al igual que otros requisitos). En este caso, la IMM explicó que había habilitado el lugar -ubicado en la avenida 18 de Julio y Paraguay- hasta junio de 2023 porque la certificación contra incendios “estaba en proceso”, pero Riaño desmintió que esto fuera así.

El certificado del organismo avala que el edificio está preparado para cualquier tipo de incendio y, en este sentido, se exigen extintores, mangueras, luces, alarmas y salidas de emergencia según sea el tamaño del edificio.

¿Cuántas instituciones públicas y privadas cuentan con la certificación de Bomberos? La dirección informó a El País que solo 251 escuelas y liceos públicos y privados a nivel nacional tienen el certificado y, según el recuento hecho por El País, el total de centros es cercano a los 2.900. Es decir que solo un 9% de los edificios está preparado para enfrentarse a un incendio.

Los centros educativos están dentro de la categoría E que integran instituciones de estudios en general (caif, clubes de niños, centros juveniles e institutos), espacios para cultura física y centros de formación técnica. En esta categoría hay 1.751 locales con la autorización de Bomberos.

Por otro lado, de 1.327 residenciales para personas mayores en todo el país -según cifras del Ministerio de Salud Pública- solo 290 cuentan con el certificado, según informó Bomberos, apenas un 22%.

Los residenciales entran en la categoría H en la cual también se agrupa a los centros de salud (hospitales, policlínicas, mutualistas), los edificios de las Fuerzas Armadas, sedes de la Policía (comisarías, zonas de investigación y Guardia Republicana) y unidades penitenciarias. Dentro de esta categoría solo hay 1.189 locales autorizados por los bomberos a nivel nacional.

El País quiso acceder al total de estas sedes públicas y privadas, pero ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Salud Pública pudieron informar cuántos establecimientos hay en el país.

La certificación de Bomberos es un proceso tercerizado. Para obtenerla se debe contratar a un técnico habilitado, que se encargará de realizar un proyecto de protección contra incendios para cada edificio y luego colocar el equipamiento. Los 4.000 técnicos que hay en todo el país se pueden encontrar en el sitio web de la Dirección Nacional de Bomberos.

La compra de todos los artefactos corre por cuenta de cada institución, al igual que el dinero que cobra el técnico. El costo de obtener la certificación de Bomberos es uno de los principales motivos, según indicó Riaño, de que muchas instituciones y empresas no quieran llevar a cabo el proceso.

Lo que debe lograr el proyecto del técnico (ingenieros o arquitectos) es la detección temprana del incendio, determinar una buena evacuación del lugar y asegurar personal capacitado para actuar en un incendio. “Lo primordial es que sepan utilizar un extintor”, explicó a El País un funcionario de Bomberos. En el caso de que sea un edificio el que quiera obtener la certificación, se capacitará a los porteros.

Algo crucial en este proyecto es el nivel de riesgo del sitio. “No es lo mismo una fábrica que produce químicos que un geriátrico”, señaló Riaño.

Luego de que el técnico ingresa al sistema el trámite, el local tiene 30 días para abonar y si no se paga dentro del plazo, se cancela el proceso. Luego se contará con 60 días para capacitar al personal del lugar y en este marco es que Bomberos indica que la certificación “está en curso”.

Después de esto el trámite ya pasa al estado de aprobado y se le da al solicitante un año para instalar medidas extra de protección contra incendios, con excepción de los extintores y la cartelería dado que son obligatorios en esta etapa del trámite. Estas medidas complementarias, que se deben instalar en un año, apuntan a elementos hidráulicos como un tanque y una bomba de agua que permita al personal de Bomberos contar con 30 minutos de agua ininterrumpida en caso de incendio.

“Nosotros no podemos sancionar a las instituciones y comercios que no cuentan con el certificado y tampoco tendríamos la capacidad de hacerlo porque somos 1.500 bomberos en todo el país”, dijo el director del organismo.

Lo que sí pueden hacer es “intimar a los propietarios” si, por ejemplo, alguien llama a la dirección a denunciar que no se cuenta con la certificación. Lo que hacen es dar un plazo de 30 días a los comercios para comenzar a regularizar la situación y 45 días para los complejos de viviendas y en caso de que no se cumpla lo notifican a la intendencia para que actúe de oficio.

La Ley exige que la Dirección Nacional de Bomberos inspeccione el 10% de los trámites registrados y solo puede clausurar un edificio si hay un riesgo inminente de vida, como sería en el caso de derrumbe.

En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, inspeccionan rutinariamente todos los edificios (públicos y privados) y comercios del país.

“Uruguay no tiene consciencia de prevención y eso lo queremos cambiar”, sostuvo el director y concluyó: “A nadie le interesa gastar en seguridad”.